La habilitación de candidaturas independientes en la República Dominicana ha sido un tema de intenso debate político, jurídico y social especialmente en el contexto de la evolución del sistema electoral del país, debido a que históricamente dicho sistema se ha caracterizado por la hegemonía de los partidos políticos tradicionales, limitando esto, la participación directa de los ciudadanos que desean postularse a cargos electivos sin afiliación partidaria.
El Tribunal Constitucional dictó la sentencia TC/0788/24, la cual se ha convertido en una de las más controversiales por declarar no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral. Dichos artículos establecen que las candidaturas independientes deben presentarse a través de agrupaciones políticas constituidas conforme a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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El TC y su controversial sentencia
El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, aclaró a propósito de la controversial sentencia en que eliminaron los requisitos a las candidaturas independientes que ellos no crearon la figura del candidato, sino que ajustó la redacción del texto legal impugnado al principio de la razonabilidad.
Mientras la expectativa del país está en que hará la Junta Central Electoral frente a este controvertido aspecto de las candidaturas independientes, el tema sigue generando fuertes debates.
Para el coordinador general de Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, la decisión del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes establece condiciones claras de cara a los futuros procesos electorales.
“Lo deseable es que se le dé facultad reglamentaria a la Junta Central Electoral (JCE), para complementar cualquier otro elemento que se considere necesario para los procesos electorales”, sugirió Hernández Machado, al puntualizar que ya esta es una sentencia definitiva y vinculante para todos los poderes del Estado y que en cuanto a las candidaturas se debería pensar a futuro en un plano de igualdad, abogando en que también se fiscalicen los fondos privados que reciban los partidos.
En ese mismo contexto, el exsuplente de la Junta Central Electoral (JCE), Freddy Ángel Castro señaló, que es crucial que el órgano rector establezca reglamentos claros para garantizar la transparencia en el financiamiento de los aspirantes independientes y evitar que personas vinculadas a actividades ilícitas utilicen esta vía para obtener poder.
Sugirió, que lo que debe hacer el Congreso con la reforma es ponerle más garras para que la JCE sea capaz de anular cualquier candidatura que supere el tope de gasto de campaña, como se hace en otros países, poniendo como ejemplo el presidente de Argentina, Javier Miley, que fue una candidatura independiente, pero guiado por condiciones y reglamentos para optar por la presidencia del país.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que el Congreso Nacional está abierto y se abocará a crear las normas necesarias para regular y debatir leyes pendientes durante la próxima legislatura que iniciará a partir del 27 de febrero.
Asimismo, De los Santos expresó, que el congreso acogió la sentencia presentada por el Tribunal Constitucional, y que los legisladores buscarán una salida viable a esta nueva figura electoral, ya sea por reglamento o mediante la modificación de la Ley del Régimen Electoral 20-23.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), también expresó su inquietud en el marco del régimen electoral y la función esencial del Estado, a propósito de la decisión del TC, reiterando que los procesos electorales en el país son un pilar fundamental de la vida democrática y que los partidos políticos deben promover aún más la confianza de la ciudadanía en las organizaciones y así evitar poner en riesgo décadas de avances históricos e institucionales.
De su lado, el abogado constitucionalista, Cristóbal Rodríguez, ha reiterado su postura, asegurando que para acatarse la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que abre puertas a la creación de candidaturas independientes debe reformarse la Carta Magna.
“Yo pienso que la decisión del Tribunal Constitucional, con certeza bien intencionada, probablemente razonada en críticas más que razonables, que se pueden hacer, para rediseñar el sistema de participación política” especificó Rodríguez.
La habilitación de candidaturas independientes en la República Dominicana representa un desafío y una oportunidad para fortalecer la democracia. Aunque enfrenta resistencia de los partidos políticos y desafíos legales, también refleja una demanda creciente de participación ciudadana directa y una lucha por garantizar derechos fundamentales. Este tema seguirá siendo un eje central en los debates políticos y jurídicos del país en los próximos años.
