La jueza Margarita Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, aplazó este martes para el próximo lunes el conocimiento de medida de coerción contra los implicados en Operación Guepardo.
Los presuntos implicados son señalados de pertenecer a una presunta una red inmobiliaria que afectó a 122 personas y operaba en la República Dominicana mediante proyectos habitacionales fraudulentos.
El aplazamiento fue a solicitud de los abogados del nacional canadiense Yves Alexandre Giroux, uno de los implicados en el caso.
Mientras que, el Ministerio Público ( MP) ha identificado a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya como las principales cabecillas de la estafa.
Ambas fueron arrestadas durante allanamientos simultáneos en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, donde se incautaron vehículos, documentos y otros elementos de prueba que supuestamente las vinculan con el esquema delictivo.
De acuerdo a la acusación, desde inicios de 2022 hasta marzo de 2024, los imputados operaron a través de la empresa Constructora Novasco Real State, S.R.L., registrada legalmente pero sin actividad real, y promocionaban falsos proyectos inmobiliarios en Bávaro y La Romana.
La compañía con domicilio en Bávaro-Punta Cana, figuraba ante la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia y la Dirección General de Impuestos Internos.
Sin embargo, su único propósito era simular credibilidad y facilitar el fraude.
Los acusados lograron obtener grandes sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos de decenas de víctimas, quienes fueron atraídas con ofertas engañosas de apartamentos y solares a precios muy por debajo del mercado.
Posteriormente, la estructura delictiva desaparecía con el dinero, dejando a los afectados sin respuesta ni posibilidad de recuperar su inversión.
