En medio de las granjas de cangrejos de río, los imponentes pinos y las cafeterías que sirven los sándwich po’boys típicos en la zona rural de Luisiana, alrededor de 7,000 personas se encuentran encerradas en centros de detención de inmigrantes a la espera de saber si serán expulsadas de Estados Unidos.
Si el Gobierno del presidente Donald Trump continùa con sus medidas migratorias, muy pronto se incrementará la capacidad para detener a decenas de miles de inmigrantes en todo el país, al tiempo que Estados Unidos busca expandir considerablemente un sistema de detención de inmigrantes que de antemano es el más grande del mundo.
Los esfuerzos del Gobierno federal por llevar a cabo deportaciones a gran escala, tal como lo prometió durante su campaña de 2024, representan una posible bonanza para las empresas penitenciarias privadas, así como un desafío para las agencias gubernamentales responsables de la expulsión ordenada de inmigrantes.
Algunos críticos afirman que entre los planes del Gobierno también se incluye un intento deliberado de aislar a los detenidos, encerrándolos y llevando a cabo sus procedimientos judiciales lejos de sus abogados y sistemas de apoyo.
El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés), Todd Lyons, dijo la semana pasada en una conferencia de seguridad fronteriza en Phoenix que la agencia necesita “mejorar en lo referente a tratar esto como un negocio” y dejó entrever que el sistema de deportaciones del país podría funcionar «tipo Amazon, tratando de entregar su producto en 24 horas».
Este mes, el ICE invitó a varias empresas para que presenten ofertas para la operación de centros de detención en diversos puntos del país por hasta 45,000 millones de dólares, en un omento en que la agencia empieza a incrementar su presupuesto actual para unas 41,000 camas a cerca de 100,000.
Los fondos aún no están disponibles, pero ya se empezaron a adjudicar las licitaciones.
La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen una iniciativa de gastos que incluye 175,000 millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, lo que representa aproximadamente 22 veces el presupuesto anual del ICE.
