La plataforma líder en la publicitación de alojamientos turísticos, Airbnb, ha recibido un duro golpe de las autoridades españolas, que llevan tiempo intentando luchar contra los pisos que ejercen esta actividad en la ilegalidad.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la filial de Airbnb en Irlanda, encargada de gestionar el negocio en Europa, que bloquee casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas.
Esa es la cantidad de inmuebles irregulares detectados por la Dirección General de Consumo. Por ese motivo, en los últimos meses, la instancia remitió tres resoluciones diferentes a la plataforma para que retirara los anuncios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por la compañía contra la primera de las resoluciones de Consumo, que atañía a 5.800 anuncios de viviendas ubicadas en seis regiones: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Madrid y País Vasco), informa Cadena Ser.
El respaldo judicial avala la tesis del Ministerio, que considera que esos inmuebles vulneran la normativa sobre publicidad de alojamientos turísticos, así como la legislación de diferentes Comunidades Autónomas.
Entre los argumentos de Consumo se encuentra que los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, obligatorio en varias regiones.
Asimismo se denuncia que no se especifica la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si se trata de profesionales o de particulares. Los primeros tienen la obligación legal de contar con un servicio de atención al cliente.
Además, se alega el derecho a esta información de los usuarios de la plataforma, muchos de los cuales rechazan a los grandes tenedores y solo quieren contratar con particulares. Por último, Consumo sostiene que existen anuncios que incluyen números de licencia erróneos.
Una «clara victoria»
El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, valoró de forma positiva la decisión del TSJM y consideró que «es una clara victoria para quienes luchan por proteger el derecho a la vivienda».
En esa línea, estimó que se trata de la demostración de que «cuando se actúa con voluntad política y con determinación (…) se puede conseguir que ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, se coloque por encima de la ley».
