El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma este miércoles la orden ejecutiva que protege los datos personales sensibles de los ciudadanos, impidiendo que los denominados «países de preocupación» accedan a ellos y puedan explotarlos en beneficio propio.
El Departamento de Justicia tendrá que emitir las respectivas regulaciones para proteger los datos genómicos, biométricos, de salud, de geolocalización y financieros de los estadounidenses, así como determinados tipos de identificación personal, e impedir su transferencia a los países que Washington considera adversarios.
También se ordena una mayor protección de los datos sensibles relacionados con las actividades gubernamentales y se elevarán los estándares de seguridad para prevenir que otros países accedan a la información personal de los estadounidenses por medios comerciales, como las inversiones, ventas o relaciones laborales. Además, las autoridades se asegurarán de que las subvenciones, los contratos y los premios federales no lleguen a utilizarse para facilitar el acceso de terceros países a la información personal sobre la salud, o incluso a través de las empresas basadas en EE.UU.
La Casa Blanca argumentó que los actores malintencionados pueden utilizar los datos personales de los estadounidenses para rastrearlos —problema que se agrava cuando se trata de los militares—, «husmear en su vida personal y pasar estos datos a otros intermediarios de datos y servicios de inteligencia extranjeros».
«Estos datos pueden facilitar la vigilancia intrusiva, las estafas, el chantaje y otras violaciones de privacidad», afirmó en un comunicado, recordando que en la actualidad las empresas que recopilan la información personal de los estadounidenses a menudo la venden.
«Los corredores de datos comerciales y otras empresas pueden vender estos datos a los países de preocupación o a entidades controladas por estos países, y [los datos] pueden llegar a manos de servicios de inteligencia extranjeros, militares o empresas controladas por Gobiernos extranjeros», aseveró la Casa Blanca, al sostener que la venta de información personal de sus ciudadanos «plantea importantes riesgos para la privacidad, el contraespionaje y el chantaje, así como otros riesgos para la seguridad nacional».
