Tras abandonar el país, el Centro Carter emitió un comunicado sobre la elección presidencial en Venezuela y aseguró “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
Además, indican que el Centro Carter “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, sostuvo el organismo.
EL CENTRO CARTER SOBRE LAS ELECCIONES
De igual forma, comentó que el proceso electoral de Venezuela no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y “ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.
En ese sentido, el Centro Carter resaltó que la elección se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
“A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”, dijo.
PROBLEMAS EN EL REGISTRO ELECTORAL
Asimismo, el organismo se refirió a los problemas que se suscitaron con el Registro Electoral y más con los venezolanos que están en el exterior.
“En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes: plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior”, expresó el Centro Carter en el comunicado.
También sostuvo que el registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales.
“En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”, afirmó.