Cuatro años después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada de Puerto Príncipe, Haití continúa sumido en el caos. La investigación por el magnicidio avanza con lentitud en el plano local y en el internacional, mientras la crisis humanitaria, la violencia y la descomposición estatal se profundizan día a día.
Moïse fue ejecutado por un grupo de mercenarios, en su mayoría exmilitares colombianos, en un operativo que, según el Departamento de Justicia de EE.UU., fue planificado y financiado en el sur de Florida. Al menos 17 ciudadanos del país suramericano fueron detenidos, así como varios haitianos y empresarios residentes en territorio estadounidense.
La viuda del presidente, Martine Moïse, resultó herida durante el ataque, y también fue inculpada por un juez haitiano de una supuesta conspiración contra su esposo. La exprimera dama ha rechazado esas acusaciones y las ha calificado como una persecución política.
Justicia demorada
Hasta la fecha, cinco personas han sido condenadas a cadena perpetua en EE.UU. por su participación en el asesinato, en un proceso judicial que se llevó adelante en una corte federal en Miami.
Los declarados culpables son el exsenador haitiano John Joël Joseph; un empresario de la misma nacionalidad, llamado Rodolphe Jaar; un exinformante de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA), Joseph Vincent; y dos exmilitares colombianos, Mario Antonio Palacios y Germán Rivera García.
Otro juicio clave contra otros cinco acusados, entre ellos, el empresario venezolano estadounidense Antonio Intriago, el pastor haitiano-estadounidense Christian Sanon y el financista ecuatoriano Walter Veintemilla, debía celebrarse en mayo de 2025 en Miami, pero fue pospuesto para marzo de 2026. La jueza federal Jacqueline Becerra argumentó que las pruebas —que incluyen decenas de horas de grabaciones— aún no fueron completamente revisadas por la defensa, y que recoger testimonios en Haití resulta extremadamente difícil debido al contexto de violencia y colapso institucional.
El exprimer ministro haitiano Claude Joseph rechazó la semana pasada las acusaciones en su contra por el asesinato de Moïse. En declaraciones citadas por The Haitian Times, Joseph calificó de «falsas e infundadas» las imputaciones presentadas por el juez Walther Wesser Voltaire, en febrero de 2024, que lo vinculan como presunto autor intelectual del magnicidio.
«He sido un blanco político desde el primer día«, sostuvo Joseph, quien agregó que cooperará con la justicia, pero aseguró que no permitirá que se utilice el sistema para acallar voces críticas. El exfuncionario también cuestionó la legitimidad del proceso, argumentando que no se le ha permitido acceder a pruebas ni ejercer plenamente su derecho a la defensa.
La investigación judicial por el magnicidio está prácticamente paralizada. Según informó el mismo medio local, el expediente permanece en manos del juez Voltaire, pero sin avances significativos desde su acta de acusación, presentada en febrero de 2024.
La falta de garantías procesales, las amenazas a operadores judiciales y la crisis de seguridad han impedido fijar una fecha para el juicio oral. Además, según el medio, muchos de los acusados ni siquiera han sido citados formalmente, y las audiencias preliminares están suspendidas indefinidamente.
Violencia en aumento
La crisis de violencia en Haití se ha agravado dramáticamente en 2025. Según el más reciente informe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), presentado ante el Consejo de Seguridad el 3 de julio, se registraron 4.026 homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, un aumento del 24 % respecto al mismo período de 2024. Entre las víctimas figuran 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños.
El secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, advirtió ante el Consejo que la capital, Puerto Príncipe, está «a todos los efectos paralizada por las bandas y aislada«. También alertó que, sin acción urgente de la comunidad internacional, el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real.
El informe también recoge que más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas internamente por la violencia, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), una cifra que triplica la registrada en 2023 y sextuplica la de 2022. Además, la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ghada Waly, informó que aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe está bajo control de grupos armados, y que el crimen se está expandiendo hacia otras regiones del país.
Entre las consecuencias adicionales, Waly mencionó el cierre de una presa hidroeléctrica que proporciona el 30 % del suministro eléctrico del país y el rápido crecimiento de grupos de autodefensa parapoliciales. En este contexto, el Consejo Electoral Provisional, con apoyo de la BINUH y otros socios de la ONU, busca realizar elecciones en febrero de 2026, aunque Jenča advirtió que las divisiones entre actores locales y la persistencia de la violencia comprometen gravemente la viabilidad del proceso.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia y respaldada por Naciones Unidas, cumplió un año desplegada en Haití el pasado 25 de junio. Desde la llegada del primer contingente de 400 policías kenianos en 2024, la fuerza ha sumado unos 1.000 efectivos, incluyendo agentes y militares de Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador, informó la agencia EFE. Su objetivo es asistir a la Policía Nacional Haitiana en la lucha contra las pandillas armadas que dominan amplias zonas del país, aunque los resultados, hasta ahora, han sido limitados.
