Una denuncia constitucional contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos y una controvertida conferencia de prensa de la ministra Camila Vallejo profundizaron la grave crisis política que enfrenta el presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de haber decretado 13 indultos.
Si bien esta medida es una atribución del presidente, desde el principio hubo una serie de irregularidades que desataron fuertes cuestionamientos de la oposición, así como la autocrítica del Gobierno que ya reconoció anomalías en una medida que le costó el puesto a dos ministros.
La crisis comenzó el 30 de diciembre, cuando Boric cumplió una de sus principales promesas de campaña y anunció de manera sorpresiva indultos a 12 presos que habían sido condenados por haber cometido delitos durante las históricas protestas que formaron parte del estallido social de fines de 2019.
A ellos sumó a Jorge Mateluna, un exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que estaba detenido desde 2013, acusado de haber robado un banco.
La polémica surgió desde las primeras horas del anuncio, ya que se generó una confusión por errores en los nombres y en la lista completa de los beneficiados.
En protesta, la reacción inmediata de los opositores de derecha fue abandonar la Mesa de Seguridad en la que participaban por convocatoria del Gobierno. Acusaron a Boric de defender a «delincuentes» y «terroristas».
Con el correr de los días, la presión aumentó, ya que se descubrió que Luis Castillo, uno de los indultados, tenía cinco condenas previas a su detención en 2019. Aunque se trata de delitos menores, ello invalidaría el beneficio de su liberación, puesto que es un derecho vedado para criminales reincidentes.
Lo mismo ocurre con Mateluna, quien a los 18 años, cuando todavía participaba en la guerrilla, fue condenado a cadena perpetua. En 2004 fue indultado por el expresidente Ricardo Lagos, pero en 2014 fue nuevamente condenado en un proceso plagado de irregularidades procesales en el que se le acusó de haber robado un banco.
La legislación chilena establece que nadie puede ser indultado dos veces, salvo que haya una justificación específica que el Gobierno hasta ahora no ha dado en el caso de Mateluna, y que la oposición considera que no existe.
El escándalo no paró de crecer. En el Congreso incluso se discutió la posibilidad de eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos. A pesar de que esta prerrogativa fue utilizada por los antecesores de Boric, jamás había provocado este grado de controversia.
La crisis escaló el sábado pasado, cuando Boric anunció la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; y de su jefe de Gabinete, Matías Meza Lopehandía.
«Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades», dijo el mandatario al reconocer las «desprolijidades» con la que se habían concretado los indultos.
Pero la salida de los funcionarios no les bastó a la oposición. El lunes, la coalición conservadora Chile Vamos presentó en el Congreso una acusación constitucional en contra de la exministra.
«Se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable (…) La negligencia, la peligrosidad de esa decisión, hoy día deja absolutamente al descubierto e indefenso a un país completo, que tiene que pagar por las consecuencias de esta decisión mal tomada por el Presidente y por la ministra de Justicia, los decretos fueron mal emitidos», aseguró Andrés Longton, jefe de la bancada de Renovación Nacional.
Según la oposición, por lo menos siete de los 13 indultos deberían revocarse.
