Antes de convertirse por tercera vez en presidente, Luiz Inácio Lula da Silva consideraba que había que «desmilitarizar» el gobierno dejado por Jair Bolsonaro. Pero, tras los ataques que seguidores radicales del exmandatario ultraderechista perpetraron el 8 de enero contra las sedes de los tres poderes en Brasilia recién iniciado su mandato, esa idea se convirtió en un objetivo inaplazable para el actual mandatario.
Así como los destrozos causados por las hordas enfurecidas, a Lula le molestó la impunidad con la que actuaron y la facilidad con la que accedieron a las instancias más sagradas de la República.
Desde el primer momento, sospechó que algunos «conniventes» les habían abierto las puertas del Palacio de Planalto, y apuntó a parte de los militares. «Perdí la confianza», dijo.
Por eso se dispuso a deshacer lo tejido por Bolsonaro, un excapitán del Ejército que desde su llegada al poder en enero de 2019 nombró a 6.000 militares en el gobierno y la administración, entre ellos a cargos como el de ministro de Salud, presidente de la petrolera estatal Petrobras o el despacho de la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo encargado de defender los derechos e intereses de los indígenas.
«Las Fuerzas Armadas no existen para servir a un político, sino para proteger al pueblo brasileño», aseveró Lula durante una visita a Argentina a finales de enero.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) consideró Bolsonaro «no respetó la Constitución, ni las Fuerzas Armadas» durante su mandato. «Estoy seguro de que pondremos las cosas en su lugar. Brasil volverá a la normalidad», prometió.
