Santo Domingo, 25 oct (Prensa Latina) El ministro dominicano de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández, afirmó hoy que el Gobierno tendrá «cero tolerancia» con los ciudadanos involucrados en el tráfico de inmigrantes haitianos.
Todo el que esté involucrado, no importa quién sea, será sancionado según establece la ley, afirmó Fernández a su llegada a la Catedral Primada de América, donde asistió a la celebración del aniversario 83 del Banco de Reservas (Banreservas).
Sus palabras fueron ratificadas por el mayor general Ramón Antonio Guzmán, director general de la Policía Nacional, quien indicó que estas personas deben sufrir las consecuencias de sus actos, ya que esta acción es de total ilegalidad.
La Cámara de Diputados aprobó esta semana la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En lo adelante, la pieza legislativa añadió el artículo 3.1, que sanciona la trata de personas con pena de 10 a 20 años de prisión, además de una multa de 150 a 300 salarios mínimos del sector público.
En caso de fallecimiento de personas involucradas en trata de personas u objeto del tráfico ilícito de migrantes o cuando la víctima sufra daño físico o psíquico temporal o permanente, se establece una condena de cinco años de prisión, en adición a la condena principal.
Además, si las acciones agravantes antes descritas se realizan con personas que padezcan inmadurez psicológica o trastorno mental, algún tipo de discapacidad, niños y adolescentes, la pena de reclusión es de 20 a 30 años y una multa de 200 a 400 salarios mínimos.
Cuando el Poder Ejecutivo presentó su propuesta al Congreso argumentó que el objetivo es brindar mayor seguridad y protección a los infantes, adolescentes y otros grupos vulnerables víctimas de este flagelo.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el texto legal pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
