El gobierno estadounidense publicó su informe anual del departamento de Estado sobre Derechos Humanos, en el cual se reportan abusos, violaciones a la ciudadanía, asesinatos y corrupción gubernamental en República Dominicana.
El informe establece que, «más de 4,000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021».
Según datos ofrecidos por la Procuraduría General de la República, hasta octubre la entidad del orden había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales.
Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de entidad del orden y otros agentes del gobierno.
Aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y el maltrato físico, existen informes de que miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente policías, llevaron a cabo estas prácticas, dice el informe.
Sin embargo, ante los hechos suscitados y ante la preocupación generalizada de la ciudadanía sobre la violencia, delincuencia, incapacidad y abuso de poder por parte de la Policía Nacional y otros cuerpos del orden, fue creada por el Poder Ejecutivo la Comisión Especial para la Trasformación y Profesionalización de la Policía Nacional.
La cual busca según el informe presentado al presidente Luis Abinader, mejorar los mecanismos y procedimientos en el accionar de la Policía Nacional, reforzar la capacitación y formación de los agentes en carrera policial.
Esto con el fin de optimizar la labor de prevención, control y persecución del crimen con seriedad y honestidad, eliminando prácticas de corrupción en el seno de la institución en cualquiera de sus formas.
El informe de la Comisión de los Derechos Humanos, también detalla las condiciones penitenciarias severas que ponen en peligro la vida, las detenciones arbitrarias y la injerencia arbitraria a la privacidad.
Además, la difamación criminal de periodistas particulares, la corrupción gubernamental grave y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, querer e intersexuales.
