Por Claudia Fernández Lerebours
Santo Domingo.- Puede presumirse que el grueso de los ciudadanos lo ignora, pero desde 2020 en República Dominicana consumidores y productores tienen una responsabilidad fijada por la ley en cuanto a generación, manejo y disposición final de la basura.
El manejo y disposición de los residuos sólidos, tema muy traumático en República Dominicana desde siempre, ya no es solamente una competencia de los ayuntamientos o el gobierno central, como ha sido tradición en el país, según el mandato de la ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Vigente desde hace dos años, esa normativa busca prevenir la generación de residuos, fomentar su reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización.
Fomenta una cultura de responsabilidad social compartida, de involucramiento y participación de empresas, ayuntamientos y ciudadanos en la gestión de residuos sólidos, inédita en la sociedad dominicana.
Entre sus novedades, establece deberes u obligaciones para viviendas y negocios, como son la clasificación de los residuos y la responsabilidad de los empresarios sobre los productos durante todo su ciclo de vida.
Definida como “responsabilidad extendida”, abarca las fases posindustrial y posconsumo de los bienes; por consiguiente, los residuos y su correcta gestión.
IMPLEMENTACIÓN ES GRAN DESAFÍO
Esta nueva ley plantea un desafío cultural, educativo y de gobernanza para el país.
Según datos del ayuntamiento del Distrito Nacional, apenas 2 de cada 10 personas pagan el servicio de recogida de basura.
El país gestiona solamente 22 mil de las 88 mil toneladas anuales de residuos de plásticos que genera.
La basura tradicionalmente ha tenido como depósito final vertederos a cielo abierto descontrolados, con sus graves consecuencias sanitarias y ambientales.
Por costumbre, la población arroja libremente desperdicios a la intemperie. Vertederos improvisados en plena calle ha sido una interminable estampa de la capital y otras ciudades dominicanas durante décadas.
“La ley 225-20, realmente es un desafío para toda la sociedad. Es un cambio de cultura, pero el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra elaborando todos los instrumentos de gestión para lograr su aplicación y se ha avanzado de manera significativa”, dijo a Reseñas el director del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (Progirs) del Ministerio de Medio Ambiente, John Grullón.
La ley designa al Ministerio de Medio Ambiente como órgano rector de la gestión de residuos sólidos.
AVANCES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS
¿Sabía usted que en cinco años quedará totalmente prohibida la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso en los establecimientos comerciales?
Las autoridades coordinan con los establecimientos comerciales la estrategia para cumplir con la prohibición de la entrega de bolsas plásticas gratuitas en un plazo de 60 meses, según ordena la ley, aseguró el director del Progirs.
El texto legal establece que los establecimientos comerciales que proporcionan fundas plásticas deberán sustituir su uso por fundas o bolsas reciclables o reusables, con mensajes alusivos a la protección ambiental.
Asimismo, los productores de envases de poliestireno expandido, mejor conocido como fon o foam, de fundas y botellas plásticas deberán recuperar, tratar y disponer de los residuos de estos de manera segura.
En lo particular al foam, ese tratamiento incluye transformarlo en biodegradable, medida que aplica a la producción local y las importaciones.
En ese marco, dos de los principales productores locales de foam, las empresas Plastifar y Termopac, el pasado 11 de julio anunciaron el “Biopacto”, un compromiso para transformar la totalidad del foam en biodegradable.
A través de su dirección de Educación y Divulgación, Medio Ambiente “está realizando una campaña de sensibilización sobre el manejo integral de los residuos sólidos, con énfasis en los daños a la salud y al medio ambiente, que hacen la mala disposición de los residuos plásticos”, indicó Grullón.
VIVIENDAS DEBERÁN CLASIFICAR
Los ayuntamientos deben elaborar, con apoyo de Medio Ambiente, planes de educación y concienciación para la reducción, minimización y recolección separada de los residuos.
Particularmente los hogares deberán seguir las ordenanzas municipales sobre el manejo de residuos peligrosos (aquellos con características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, eco tóxicas o de persistencia ambiental que pueden dañar la salud o el medio ambiente), incluyendo su separación de los no peligrosos.
Cabe acotar que la de “peligrosos” es una de las tres clasificaciones de los residuos según su tipo definidas en la normativa. Las otras dos son residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
SOLO RELLENOS SANITARIOS EN 4 AÑOS.
La normativa instaura el relleno sanitario
como el sistema de depósito final de los residuos sólidos, lo que supone el fin de la era de los vertederos a cielo abierto en el territorio nacional, estimados en unos 354.
Las autoridades indicaron que el plan de eliminación se desarrolla para abarcar el 40% de los botaderos a enero de 2024 y en 4 años erradicarlos por completo.
“El Ministerio (de Medio Ambiente) ha venido trabajando conjuntamente con el fideicomiso DO Sostenible y otras instituciones, logrando importantes avances en la gestión de los vertederos, promoviendo la adopción de prácticas sostenibles y responsables, para el cumplimiento de la meta”, señaló Grullón.
El funcionario informó que como parte de ese trabajo ya hay dos rellenos sanitarios y dos plantas de valorización.
Aseguró que el sector privado y las autoridades medioambientales están trabajando de la mano en la solución de los sitios de disposición final.
“Estos son indicadores del cumplimiento de esta legislación. Fortalecer el marco regulatorio es el principio del camino que todos debemos recorrer y lo estamos haciendo”, expresó.
Otro avance en la ejecución de la ley citado por Grullón fue la conformación del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Esta es “una mesa de coordinación interinstitucional para homologar criterios en materia de residuos”, explicó.
