El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó que, durante 2024, la lucha contra la corrupción en República Dominicana se ralentizó, señalando la inacción de organismos clave como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética, el Congreso Nacional y la Contraloría General.
En su balance anual, que incluyó temas como la economía y los procesos electorales municipales, congresuales y presidenciales, la organización destacó como uno de los principales problemas la demora en los procesos judiciales relacionados con casos de corrupción pública. Según Participación Ciudadana, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo enfrentaron constantes retrasos debido a estrategias dilatorias y aplazamientos sin justificación aparente.
Participación citó el ejemplo del caso «Camaleón», en el que un imputado logró una variación de la prisión preventiva a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares, lo que evidenciaría un intento de influir en los procesos judiciales. La organización alertó que esta situación pone en peligro las pruebas y la integridad de los funcionarios judiciales involucrados.
Agregó que el panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que puedan comprometer el proceso en algún aspecto.
«La sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano. La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas ya las leyes vigentes», señaló PC.
