Mientras el país discute reformas: constitucional, fiscal, laboral, que provocan críticas o desacuerdos con el gobierno desde distintos sectores, no puede perderse el norte en cuanto al respaldo unísono a la decisión del presidente Luis Abinader de expulsar 10,000 haitianos ilegales semanales.
Esa es una “reforma” – lo es, aunque no se la denomine así- patriótica fundamental y así, exige la plena unión de todos los sectores nacionales, por encima de diferencias políticas u otras, sin medias tintas ni paños tibios.
La soberanía territorial y económica de la nación dominicana está por encima de todo y por eso son inaceptables ciertos ruidos contra las repatriaciones de haitianos ilegales escuchados desde algunos sectores locales.
Bastante tiene el país con la presión internacional que, como era de esperarse, ya impulsa el gobierno de Haití, bajo el eterno chantaje del racismo y violación de derechos humanos que eleva contra República Dominicana cada vez que esta busca ordenar la migración irregular de nacionales del vecino fronterizo hacia su territorio.
Con la meta de deportación semanal de 10000 ilegales haitianos y la designación del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, un oficial calificado y experimentado en materia de seguridad nacional, el país tiene una oportunidad de oro para organizarse y lograr controlar la masiva penetración haitiana de forma firme y sostenible.
Que del propio lar no se atente contra ella; sería traicionar la patria.
