Los candidatos a la presidencia de la República pueden gastar legalmente RD$775 millones en campaña

Los candidatos a la presidencia de la República pueden gastar legalmente RD$775 millones en campaña

Transparencia y moralidad del financiamiento político siguen siendo temas pendientes en RD

Por Claudia Fernández Lerebours

Santo Domingo, República Dominicana.- Se dice que quien hace la ley hace la trampa y en cuanto al tema del financiamiento político esa idea parece cumplirse a pie juntillas. Pese a regulaciones que supusieron un avance para el país reducir el costo de las campañas y evitar que dinero sucio impulse candidatos a cargos electivos, todavía hay muchas razones para los ciudadanos preocuparse.

Por un lado, la financiación pública, vigente desde 1998, ha fomentado una industria de partidos políticos que crece con cada elección.

La ley 20-23 de Régimen Electoral establece que en el presupuesto general del Estado hay que consignar una partida económica para los partidos políticos igual al 0.50 de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un 0.25% en los años que no haya elecciones.

En ese sentido, en 2024 dicha asignación ha ascendido a RD$2,520 millones, a beneficio de los 25 partidos que participaron en las elecciones de 2020.

Es una cantidad mayor al presupuesto asignado a instituciones como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo, la Oficina de Defensa Pública, los ministerios de la Mujer y de la Juventud, valga decir.

A mayor presupuesto público, más dinero para los partidos y en 2025 el financiamiento del Estado beneficiará a las 34 organizaciones participantes en las elecciones 2024.

“La razón por la que han crecido los partidos políticos es por el financiamiento público, aquí hay partidos que viven de eso, cada cuatro años aumentamos entre un 15 y un 20% los partidos políticos, porque el que menos recibe, recibe 10 ó 20 millones cada año”, señala el sociólogo y activista de la sociedad civil, Cándido Mercedes.

Mercedes opina que el financiamiento público debería ser eliminado pues no ha evitado que los políticos se financien por otras fuentes lícitas y además, ilícitas.

Y califica de “crimen” el tope de gasto legal, por entenderlo muy alto.

Por ejemplo, en las elecciones 2024 un candidato a la presidencia de la República puede gastar legalmente hasta RD$775 millones.

El economista e igualmente activista social Isidoro Santana, exministro dominicano de Economía, también critica el modelo de financiamiento estatal para los partidos.

“Hay que poner también control al financiamiento público. Lamentablemente la ley es hecha por los propios beneficiarios, que son los partidos; pero esto no puede ser. En las recién pasadas elecciones municipales los electores recibieron una sábana (boleta electoral) de 34 partidos, organizaciones que la mayoría nadie conoce y su existencia se debe a que siguen mamando de la teta del Estado por la forma en que hicieron la ley”, expuso.

FINANCIAMIENTO PRIVADO ES PELIGROSO Y DESCONTROLADO

La preocupación en cuanto al financiamiento político se torna más grave en lo referente a las fuentes privadas legales y por supuesto, las ilícitas.

Aunque no hay cifras sobre a cuanto ascendería el financiamiento privado para los políticos, Mercedes estima que los candidatos a cargos electivos en el país gastan hasta más de cinco veces la cantidad que les entrega el Estado.

Ambos analistas coincidieron en que los políticos no dan muestra de cumplir lo que ordena la ley respecto al financiamiento privado lícito, particularmente en lo relativo a informar sus fuentes.

Entretanto, la autoridad electoral no logra ejercer un efectivo control, advirtieron.

Según la ley las contribuciones privadas legales solo pueden provenir de individuos, nunca de empresas o corporaciones, y sin exceder el 1% del tope legal de gasto.

“Donde se permite financiamiento privado se supone que debe estar sujeto a estricto control Cuando se logró finalmente aprobar que los partidos informaran sobre sus fuentes de financiamiento nadie lo cumple y la autoridad electoral no ha dado muestras de tener la suficiente independencia y fortaleza para obligarlos a que eso se cumpla y se cumpla bien”, dijo Santana.

La tercera realidad, la de la financiación ilícita, es la más grave vertiente en esta cuestión pues significa la penetración en la política de dinero procedente de la corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado, con sus graves consecuencias para la salud del Estado y la democracia.

CAMBIO EN LA CULTURA POLÍTICA Y EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Al señalar que en la misma noche de las elecciones presidenciales de Brasil de octubre de 2022 ya se sabía cuánto gastaron Jair Bolsonoro y Luiz Inacio Lula da Silva en la campaña, Mercedes opinó que la República Dominicana solo lograría eso con una clase política más “decente”, comprometida con el cumplimiento de la ley, que debe ser igual para todos.

Abogó además por un activismo más firme de los medios de comunicación para evitar que los políticos aprueben leyes a su medida, eminentemente laxas, que luego se saltan con mínimas o ninguna consecuencia.

Por su parte, Santana dijo que los ciudadanos deben exigir a la Junta Central Electoral ejercer su autoridad.

El economista entiende que el tema del financiamiento de los partidos debe ser contemplado en las discusiones para una próxima reforma tributaria o eventualmente del Pacto Fiscal.

 “De que hay que buscar la forma de pagar más impuestos, de eso no hay duda, cualquiera que sea el gobierno que venga, porque la sociedad dominicana no puede seguir por este camino, ni puede seguir endeudándose tanto pero sobre todo no puede ser el patito feo del continente cuando se evalúan una serie de condiciones que tienen que ver con la calidad de los servicios de salud, de atención social, de educación, etc.”

En ese sentido, “el Estado dominicano debe ganar cada vez más legitimidad y credibilidad frente al ciudadano, de modo que perciba que el dinero que aporta a las arcas públicas se usa bien, se administra correctamente”, añadió.

Valoró positivamente que “ya no se ven los niveles de desperdicio, de irracionalidad que veíamos décadas atrás en el manejo de los recursos públicos”.

“Algo se ha ido avanzando, pero la población siempre seguirá entendiendo que falta mucho, ese es un proceso continuo y sistemático y no va a terminar”, sostuvo.