El fenómeno no está cuantificado. No hay cifras sobre los estudiantes becados por el Ministerio de Educación Superior para estudiar en el extranjero que no regresan al país.
Pero la institución reconoce que son muchos y que esa fuga de cerebros representa una significativa pérdida económica para la nación.
Otra pérdida de recursos de la que tampoco se sabe mucho pero debe ser cuantiosa es la relativa a empleados públicos capacitados por el Estado, invirtiendo mucho dinero, pero que por razones políticas son “desvinculados”, el término políticamente correcto que estos días sustituye al de “cancelados” .
Es larga la historia de servidores del gobierno y municipales que reciben maestrías, diplomados y otros numerosos cursos pagados por sus instituciones, incluso en dólares o euros, que luego son sustituidos por “compañeritos que se fajaron en la campaña” u otras hierbas similares, sin preparación alguna que se les compare.
No se alegue que la carrera administrativa protege a los empleados públicos bien formados. La ley 41-08 es una normativa débil, que ofrece muy pocas garantías para empleados que, independientemente de su preparación y buena calificación técnica o profesional, no tengan padrinos políticos para defenderlos.
Es un grave desperdicio de cerebros que el país no supera; se replica en todos los gobiernos.
