La crisis de vivienda ha escalado al punto en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reconoce que debe «reaccionar con contundencia» para atajar el asunto, probablemente el más apremiante de cara a los próximos años, porque hunde en la precariedad a toda una generación.
Las palabras del mandatario llegaron después de la masiva manifestación que recorrió las calles del centro de Madrid el domingo, con más de 100.000 personas aglutinadas bajo el lema «Es la última vez que lo pedimos por favor».
Los descontentos portaban pancartas que decían «la vivienda es un derecho, no un negocio», «bajemos los precios» y «no llegamos a fin de mes, si no bajan los precios, huelga de alquiler».
En ciudades como Madrid, alquilar un piso de 100 metros cuadrados supone de media unos 1.700 euros mensuales, mientras que para comprarlo hacen falta más de 470.000 euros, según las estimaciones del principal portal del sector, Idealista. Todo ello en un país en el que el salario medio superaba a duras penas los 26.000 euros anuales en 2022, y el mediano se quedaba en poco más de 22.000.
¿Cómo se llegó hasta aquí?
La situación en España tiene múltiples aristas. Por un lado está la falta de acceso a la vivienda protegida pública, que ronda el 2 % del total del parque, frente al 9 % de media de la Unión Europea (UE) y muy lejos del 20 % de países como Austria o Dinamarca.
Sin embargo, no siempre fue así. La vivienda pública llegó a representar hace décadas hasta el 35 % del parque, con años en que la construcción de este tipo de inmuebles superaba ampliamente a la del sector libre.
Aquí llega el primer fracaso de la política española en este rubro: se destinó una ingente cantidad de recursos públicos para casas que, en unos pocos años, pasaban al mercado libre, lo que alimentó el ciclo de la especulación.
