Fernando Villavicencio Valencia, asesinado a tiros este miércoles tras un acto político en Quito (Ecuador), era aspirante a jefe de Estado por el movimiento Construye para los comicios presidenciales anticipados, que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto.
Villavicencio, de 59 años, estudió periodismo y fue muy afín al activismo político desde muy joven. En 1995, junto con otros dirigentes, contribuyó a fundar el movimiento Pachakutik, una organización independiente de partidos tradicionales compuesta por elementos de organizaciones indígenas. Ese mismo año comienza a laborar como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador, donde luego asesoraría a su federación de trabajadores como sindicalista.
A inicios de la década del 2000, retomó el periodismo y comenzó a labrar prestigio como investigador junto a portales digitales como Vanguardia, Plan V, Periodismo de Investigación, entre otros. En una entrevista reciente con el diario El Universo, el propio Villavicencio aseguró haber hecho unas 260 investigaciones sobre casos relacionados con corrupción.
Durante el primer mandato de Rafael Correa, en 2007, como parte de una comisión de expertos petroleros, Villavicencio le sugirió al presidente terminar un contrato con la brasileña Petrobras debido a un «perjuicio de 2.000 millones al Estado». Correa desestimó la recomendación y el entonces periodista denunció ante la Fiscalía los hechos. Desde entonces se posicionó como una de las voces más críticas contra el correísmo.
En enero de 2014, Villavicencio y el legislador por Pachakutik Cléver Jiménez, a quien el primero le servía como asesor político, fueron sentenciados a 18 meses de cárcel por injurias al presidente Correa. Ambos se refugiaron en la Amazonía. Fernando salió de Ecuador y posteriormente Perú le dio asilo político y se mantuvo en la clandestinidad durante tres años.
En 2017, durante el Gobierno de Lenín Moreno, Villavicencio regresó a su país. Ese año presentó ante la Fiscalía una denuncia por mal uso de recursos públicos en la comercialización de crudo entre Ecuador y la empresa privada Petrochina. También fue uno de los que denunció el caso Sobornos 2012-2016, conocido como Arroz Verde —por el que se sentenció a Correa a ocho años de prisión por cohecho—, recoge el periódico El Comercio.
