Por Claudia Fernández Lerebours
SANTO DOMINGO.-A veinte años de figurar en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) como uno de los países más corruptos del mundo, República Dominicana no logra superar esa mala imagen y aunque determinadas acciones del presidente Luis Abinader han alentado esperanzas de avance en esta materia, un eventual proyecto reeleccionista desafiará fuertemente al gobernante en cuanto a su compromiso por la transparencia y la institucionalidad.
Al ascender al poder en agosto de 2020, tras ganar la presidencia del país como candidato del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), poniendo fin a una era de veinte años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abinader designó personas independientes a la cabeza del Ministerio Público y estimuló conformación no partidista de la Cámara de Cuentas.
Esas iniciativas son reconocidas por Transparencia Internacional (TI), la organización creadora del IPC, como las que apoyaron un leve repunte del país en esta medición en 2021, al obtener 30 de 100 puntos, ubicándose en el lugar 128 de 180 países.
No fue un avance significativo en un país cuya nota más alta en dos décadas ha sido 3.5 de 10 (35%), pero al menos detuvo el retroceso consecutivo de 2019 y 2020, cuando la calificación fue 28 de 100 puntos, quedando en los lugares 136 y 137 de 180 naciones, los peores de su historia.
En el informe del IPC 2021, divulgado este 25 de enero, TI advierte que el combate de la corrupción en Dominicana “se inscribe en un contexto de fragilidad institucional y para lograr cambios significativos es fundamental poner en marcha iniciativas que fortalezcan la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas”; si no, “los progresos se esfumarán rápidamente”.
Y su capítulo local, la entidad cívica Participación Ciudadana (PC) resalta particularmente el reto significado en una eventual repostulación de Abinader, según respondió la entidad a RESEÑAS, preguntada sobre qué tendría que hacer el país para consolidar una ruta de avance en la lucha contra la corrupción.
“Si se mantienen los esfuerzos actuales, en este periodo de gobierno podría avanzarse en esta nota. Sin embargo, hay que recordar que lo peor viene cuando se acercan las elecciones y, sobre todo con las aspiraciones de reelección. Ya veremos”, dijo.
La Constitución dominicana permite al presidente de turno optar por un segundo periodo de cuatro años y aunque Abinader no ha anunciado si buscará otro mandato, tras una reciente modificación estatutaria en el oficialista PRM aprobando la reelección presidencial, antes prohibida, se da por descontado que lo hará.
Pasados proyectos reeleccionistas han motivado cuestionamientos ciudadanos por alegado uso de los recursos del Estado, o abultamiento del gasto público por el presidente-candidato, entre otras irregularidades.
MEJORÍA NO REFIERE AUN A INSTITUCIONES CONFIABLES NI TRANSPARENTES
“Pese a la leve mejoría todavía las instituciones públicas dominicanas no dan una imagen de confianza y transparencia”, añade PC, al comentar sobre por qué República Dominicana no recibió mejor calificación pese al logro de Ministerio Público libre para perseguir a funcionarios pasados y activos sospechosos de corrupción, así como Cámara de Cuentas con credibilidad.
“La percepción es un tema de confianza ciudadana y de los actores económicos e intelectuales. Es necesario fortalecer las instituciones, hacer transparentes los procesos de compras y contrataciones, cerrar las posibilidades de cobrarle soborno a quienes requieren un servicio público y, finalmente, perseguir y condenar a los corruptos. En el mejor de los casos, todo eso está comenzando y no puede dar fruto de confianza de inmediato”, dice.
ENTRE LOS PAÍSES MÁS CORRUPTOS DEL MUNDO SIN VARIACIÓN
Desde que apareció por primera vez en el IPC, en 2001, este país no ha aprobado en esa medición, que cuantifica las percepciones sobre corrupción en el sector público combinando datos de distintas fuentes.
Ese primer año obtuvo calificación de 3.1, de un máximo de 10, donde a mayor nota menos percepción de la corrupción en el país y a menor, más; lo que le significó la posición 63 de 91 países medidos.
En su mejor calificación histórica, la de 2002, ocupó el lugar 59 de 102 países medidos, al recibir 3.5 puntos.
¿CAUSA PERDIDA?
En el año 2004, durante la presentación de su estudio “20 Años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”, Alfonso Abreu Collado, el entonces coordinador de PC expresaba que la lucha contra la corrupción en el país parecía una “causa perdida”.
El negativo desempeño dominicano en el IPC desde 2001 a 2021, parece concederle la razón.
El país inició en el IPC con mala calificación y desde entonces se ha mantenido estancando o en retroceso, similar a la tendencia regional en los últimos diez años.
TENDENCIA DE LAS AMÉRICAS
En los últimos diez años solamente Guyana y Paraguay han logrado mejoras significativas en el IPC; 22 países no registran cambios estadísticamente significativos y tres de las democracias más sólidas de la región: Estados Unidos, Chile y Canadá muestran un deterioro.
Solamente Uruguay se mantiene estable, mientras Venezuela, Haití y Nicaragua obtienen la peor puntuación.
TI ve la región americana en crisis pues con una puntuación media de 43 por tercer año consecutivo, entiende que “los países están paralizados en la lucha contra la corrupción, lo que continúa debilitando la democracia y los derechos humanos”.
IMPACTO NACIONAL DE LA CORRUPCIÓN
República Dominicana no dispone de estudios estadísticos sobre impacto de la corrupción, revela PC, “pero en la medida que salen los casos que están siendo instrumentados por el Ministerio Público podemos ir identificando la magnitud de recursos públicos que fueron desviados a particulares desde distintas instituciones públicas, indica.
Tomando en cuenta opiniones de políticos como el expresidente Leonel Fernández (1996-2000; 2004-2012), que antes de asumir el poder por primera vez estimaba el costo de la corrupción en RD$30 mil millones por año, y cientos de expedientes acusatorios que han motivado debate público, la entidad valora que “el impacto económico es grande, involucrando miles de millones de pesos, sumas que han empobrecido a los dominicanos y han estorbado grandemente el desarrollo”.
Añade que la creciente corrupción ha impulsado aumento de la delincuencia, el crimen organizado y otros males sociales.
“Crea desconfianza en el trabajo honesto, fomenta afán de lucro rápido, desencanto de los ciudadanos y baja moral, como la que se muestra alrededor de la compra y venta de voluntades electorales (compra de voto), dice.
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