El anuncio de la compra de un edificio para alojar al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) supone un “final feliz” para el episodio del escandaloso alquiler de más de 100,000 dólares mensuales que el organismo paga desde 1999, según versiones oficiales.
Con apenas 5 meses de ser designado en el cargo por el presidente Luis Abinader, la transacción marca un hito para el actual titular del Indotel, Guido Gómez Mazara, el único en la historia del organismo en denunciar públicamente ese prolongado y excesivo arrendamiento.
Pero, por otra parte, sorprende la tibieza con la que Gómez Mazara se ha conducido en lo relativo al propietario del edificio.
Ni lo ha identificado ni cuestionado más allá de decir que “tiene un pacto con el diablo”.
Como un capítulo propio de Historia universal de la infamia, parece que al país le queda conformarse con no saber si algún tipo de intríngulis figuró en la estructuración y larga permanencia de un estipendio gravoso, en perjuicio de las finanzas del Estado.
Sobra entender, sin embargo, que el beneficiario del alquiler es alguien muy bien conectado con los directivos de Indotel de todos los gobiernos -excepto Gómez Mazara, claro está-, desde el inicio de este órgano rector de las telecomunicaciones a finales del siglo pasado.