Para el martes 9 de enero, a las 9:00 de la mañana, fue aplazada la audiencia contra los siete imputados en la Operación Nido de presunta estafa inmobiliaria perpetrada supuestamente por los miembros de una misma familia, trámite judicial inicialmente previsto para este sábado.
El abogado representante de varias de las personas que se dicen estafadas por la eventual red delictiva que tiene como imputado principal a Emmanuel Rivera Ledesma y su empresa IndisArq, informó que la audiencia fue postergada para permitir que Escarlet Cruz Figueroa, esposa del implicado central, fuera notificada de manera adecuada sobre su querella dado que recibió el aviso con retraso.
Cruz Figueroa fundó con Rivera InDisArq en 2015. Del reciente desmantelamiento de la que cree es una estafa inmobiliaria, Emmanuel Rivera Ledesma figura involucrado junto a sus hijos, esposa y hermana.
El Ministerio Público ha adelantado que solicitará a los jueces que dicten no menos de 18 meses de prisión preventiva contra Rivera y sus familiares y que declaren el caso como complejo.
La decisión del juez Rigoberto Sena se basó en que este sábado se presentaron 30 nuevos querellantes, explicó a su vez el procurador fiscal Andrés Mena.
“A los 30 nuevos querellantes el juez les da la oportunidad para que sean notificadas esas querellas nuevas a la defensa técnica, por lo tanto, el día 9, que es martes, estaremos compareciendo para que ese día el juez escuche a todas las partes y vamos a desarrollar la audiencia de medida de coerción”, declaró Mena a los periodistas.
Según revelan las investigaciones de los fiscales, este clan familiar creó en 2019 una estructura delictiva que utilizaba el sector inmobiliario para captar dinero de las víctimas a través de maniobras fraudulentas, recursos que asegura financiaron una vida de lujos con gastos exorbitantes.
Rivera Ledesma y su familia, dice el señalamiento del ente acusador, solían captar los fondos de los clientes a través de la empresa CRD Equipos Pesados e Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), y se los repartían entre sí y algo con los demás miembros de la supuesta red delictiva.
Además de los miembros de la familia, están imputados otras tres personas supuestamente beneficiadas asimismo de propiedades de lujo y vehículos de alta gama.
Este caso se suma a una serie de escándalos de estafa inmobiliaria que han sacudido al país en los últimos años, poniendo de manifiesto graves deficiencias en el sistema de control y regulación del sector.
