A dos meses del atentado que sufrió la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ya han sido detenidas ocho personas involucradas en dos complejas causas judiciales que investigan la organización del intento de magnicidio, complicidades y amenazas.
Sin embargo, todavía hay múltiples cabos sueltos para determinar si hubo financistas ocultos y, sobre todo, vinculaciones políticas en la operación.
La primera causa investiga el atentado en sí y la encabezan el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya procesó a Fernando Sabag Montiel, como autor material; su novia, Brenda Uliarte, acusada de organizar e instigar el ataque; y Gabriel Carrizo, presunto partícipe secundario.
Agustina Díaz, una amiga de Uliarte, era la cuarta procesada, pero la víspera fue beneficiada con un fallo de la Cámara Federal y será liberada.
En otro expediente, que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y que investiga delitos de incitación a la violencia, fueron detenidos Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la organización ultraderechista Revolución Federal que en diferentes actos públicos, chats y transmisiones online amenazaron con matar a Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner e incluso al presidente Alberto Fernández.
La vicepresidenta, a través de sus abogados, solicitó que los integrantes de Revolución Federal quedaran acusados como posibles partícipes del atentado, pero la jueza Capuchetti no encontró elementos de prueba y decidió que se iniciara una investigación paralela.
A pesar de que su suerte corre por dos carriles, los siete detenidos y la joven que fue liberada tienen varios lazos de unión. El principal es que Uliarte, la novia del hombre que apretó el gatillo, participó en protestas de la organización ultraderechista.
Pero lo que en verdad une a los ocho, y que se evidenció al menos en sus chats telefónicos, es su odio hacia Fernández de Kirchner y sus deseos explícitos de que muriera.
