Por: María Alejandra Lazala
Decía Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad es la que lo corrompe, sin embargo, hay quienes se desarrollan con tendencias corruptas desde pequeños y la maximizan cuando el poder les llega a las manos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala a la corrupción no solo como un problema ético y moral, sino esencialmente como un obstáculo práctico para el desarrollo bajo un régimen democrático. Esto ha constituido uno de los principales problemas psicológicos, sociales, económicos y políticos a nivel mundial.
Es por esta razón que, mediante la publicación del Memorando de Estudio de Seguridad Nacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció a la corrupción internacional como un vector de riesgo para su seguridad nacional, debido a su capacidad de corroer la democracia y el estado de derecho en las naciones del mundo.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene durante años un listado donde expone ante el Congreso personas de “alta importancia”, involucradas en actos de corrupción u obstrucción de investigaciones a nivel mundial.
Asimismo, cuenta con la aplicación de la Ley de Antilavado de Activos, que busca ampliar la capacidad de control del Estado en aras de combatir actividades ilegales como la evasión de impuestos, el soborno extranjero, el incumplimiento de sanciones, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, la corrupción extranjera y cualquier conducta diseñada para ocultar la titularidad real del dinero.
En el banquillo de los acusados
Centroamérica ha sido la región con más líderes políticos condenados por corrupción de acuerdo al departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual incluyó en su listado a los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes (2009 – 2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014 – 2019), calificándolos como dirigentes que han socavado la democracia.
En dicha lista también figuraron los expresidentes de Guatemala Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina (2012-2016) y el también sancionado por EEUU, Alejandro Giammattei (2020-2024), este último, vinculado al hermano del exmandatario de la República Dominicana, Danilo Medina (2012-2020), Alexis Medina.
En Panamá los exmandatarios Juan Carlos Varela (20014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron sancionados por su vinculación a blanqueo de capitales.
Los expresidentes de Honduras Rafael Callejas (1990-1994), Juan Orlando Hernández (2014- 2022), preso por narcotráfico en Estados Unidos, y Porfirio Lobo (2010-2014), acusados ante la justicia hondureña por corrupción, así lo informó el Ministerio Público de ese país.
En Nicaragua el expresidente Arnoldo Alemán (1997- 2002), fue extraditado a EE UU acusado por un tribunal de Nueva York por usar bancos estadounidenses para blanqueo de dinero.
En Perú está Alberto Fujimori, quien llevó las riendas del poder desde 1990 al 2000; fue extraditado por Chile en el 2007, encarcelado y condenado a una pena de 6 años y a otras tres en el 2009, la mayor de ellas de 25 años.
De igual manera, tres exmandatarios peruanos se suman a la lista, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y su sucesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), por pagos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.
Según el listado, en Suramérica dos exmandatarios ecuatorianos han sido juzgados y condenados, Abdalá Bucaram y Rafael Correa. El primero, fue procesado por corrupción, difamación y estafa al Estado, mientras el segundo fue condenado en abril de 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por un delito de cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”.
Asimismo, fue condenado en Venezuela a 2 años y 4 meses el expresidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), por el delito de malversación genérica.
En Brasil, el presidente Lula da Silva fue condenado a dos penas de 9 y 12 años por violaciones de corrupción, relacionados con la petrolera Petrobras en 2017 y 2019. Fue absuelto en 2021 tras dos años en prisión.
En agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe (2022-2010), siendo procesado por fraude y soborno de testigos.
En el cono Sur, el fallecido expresidente Carlos Ménem (1989-1999), fue procesado en 2001 por ser jefe de armas y sometido a arresto domiciliario durante 5 meses. En 2013 fue condenado a 7 años por contrabando agravado por tratarse de material bélico, por contar con participación de funcionarios públicos y por haber sido cometido por más de tres personas, según la agencia de noticias del Poder Judicial.
En Argentina sucedió con la expresidenta (2007-2015) Cristina Fernández, quien fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitada a perpetuidad, por las irregularidades en la concesión de obras viales durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Bloqueados por la OFAC en RD
La justicia estadounidense persigue casos de corrupción internacional desde hace tiempo y la República Dominicana no ha estado exenta de esto. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publica una lista de personas, compañías, grupos, entidades, terroristas y narcotraficantes, que están o han actuado en nombre de los países seleccionados, siendo sus activos bloqueados y prohibido la realización de negocios con ellos.
En diciembre de 2017 Estados Unidos informó que tomó acciones en contra de personas que habían cometido abusos contra los derechos humanos, sobornos o actos de corrupción a nivel mundial.
En dicha lista se incluía a personalidades destacadas del ámbito político
del país, como el empresario Ángel Rondón, quien fue condenado a prisión por la justicia dominicana tras ser encontrado culpable de pagar sobornos en el caso Odebrecht. En el 2021 Rondón fue eliminado del listado de las personalidades bloqueadas por la OFAC, tras corresponder su expiración.
En junio del 2018 el Departamento de Estados de los EE. UU informó de la sanción en contra del senador Félix Bautista, acusándolo de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales.
Las autoridades estadounidenses indicaron que los bienes del senador habían sido congelados en ese momento en los Estados Unidos, aunque la justicia dominicana nunca lo acusó de corrupción vinculada en casos relaciones con Haití.
El más reciente sancionado es el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien se le prohibió junto a su familia la entrada a territorio norteamericano.
El exprocurador sigue con un caso abierto por corrupción administrativa. De acuerdo al Ministerio Público, Rodríguez buscaba enriquecerse y construir una carrera política con el objetivo de convertirse en presidente del país.
En el 2021 fue arrestado en los Estados Unidos el exdiputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez, quien aceptó la confiscación de sus bienes y decomiso de unos 13.5 millones de dólares, producto de los cargos que se le imputaron en relación al envío de cocaína desde la República Dominica hacia otros países.
El exdiputado fue sentenciado a 192 meses de prisión por cada cargo del que fue acusado, pero tras ser otorgada una condena recurrente, Gutiérrez solo cumplirá 16 años de cárcel y quedará bajo la custodia de un alguacil de los Estados Unidos.
La cleptocracia ha sido el pan de cada día en países que a menudo se ven afectados por actos de corrupción, evasión fiscal, delincuencia organizada, entre otros. Olvidando que sin importar lo alto que llegues siempre la corrupción sale al descubierto.
