La aprobación de la nueva norma ha hecho que varios condenados apelen su sentencia y al menos cuatro han visto reducidos sus años de cárcel.
Esta semana la aplicación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ‘ley del solo sí es sí’, ha estado envuelta en la polémica en España después de que varios jueces hayan reducido las sentencias a condenados por agresiones sexuales.
La modificación de la horquilla de penas que introdujo esta normativa, aprobada el pasado mes de agosto, ha propiciado una cascada de peticiones de revisión de condenas, que algunos tribunales han estimado positivamente modificando las sentencias a la baja.
El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, propulsora de la norma, ha achacado estos casos a la deficiente formación feminista de los magistrados, a los que culpa de haber realizado una lectura reaccionaria.
En la parte socialista del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha abierto a revisar la ley, mientras que Sánchez se ha mostrado reticente a hacerlo por las implicaciones para la estabilidad del Gobierno de coalición con Unidas Podemos, al que pertenece la titular de Igualdad.
Las críticas han arreciado por parte de juristas, que recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya avisó de que algo así podía suceder en su informe preceptivo emitido el año pasado, como por parte de la oposición conservadora, sobre todo del Partido Popular y la ultraderecha de Vox.
Hasta ahora ha trascendido la reducción de cuatro condenas. La primera de ella es la de un profesor condenado por abusar continuadamente de varios alumnos y por posesión de pornografía. Estaba sentenciado a seis años, nueve meses y tres días y la revisión ha dejado la condena en un año y tres meses de prisión. El motivo es que en la nueva norma desaparece el delito de abuso sexual continuado.
En otro caso la revisión ha supuesto la disminución de la pena de ocho a seis años de cárcel a un hombre que abusó de su hijastra de 13 años. También se ha rebajado dos años, de seis a cuatro, la sentencia de un individuo condenado por agresión sexual. La misma disminución que para un hombre que violó a una mujer que conoció a través de una app de citas, cuya condena baja de ocho a seis años.
Todos estos casos se han producido en tribunales de la Comunidad de Madrid, y en todos ellos los magistrados han justificado la decisión en aplicación de la reforma operada mediante la ‘ley del solo sí es sí’.
La normativa que entró en vigor hace apenas un mes eliminó la distinción entre abuso y violación. Es decir, todos esos delitos se encajan ahora en la misma categoría, en la que existen agravantes y atenuantes, dependiendo de las características del caso.
Al englobar delitos de diferente gravedad se amplió la horquilla de penas impuestas, de modo que la pena más baja disminuyó para algunos de ellos, mientras que para los delitos más graves las condenas se aumentaron.
Esto ha provocado que los condenados por el antiguo delito de agresión sexual a las penas más bajas ahora puedan pedir una revisión de condena que les sería beneficiosa, puesto que esas penas ahora son menores.
Además, algunos delitos han desaparecido con la actual redacción de la ley, como es el abuso sexual continuado o la realización de actos sexuales con menores de entre 16 o 18 años mediante engaño o abuso de posición, que ahora solo es castigado si se emplea violencia, intimidación o abuso de situación de superioridad o vulnerabilidad.
A pesar de las consideraciones de la ministra de Hacienda que abría las puertas a una reforma porque «evidentemente» el objetivo de la ley nunca fue atenuar las condenas, sino «todo lo contrario», por el momento parece poco probable que el Ejecutivo se avenga a una modificación.
Pedro Sánchez se ha mostrado más cauto y ha pedido desde Bali, donde participa en la cumbre del G20, esperar a que la Fiscalía y los tribunales unifiquen criterios en torno al espíritu del articulado, evitando una confrontación con los magistrados.
«La voluntad del poder ejecutivo y del legislativo fue reforzar la seguridad de las mujeres al identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión para que haya penas más agravadas», sostenía el mandatario en una comparecencia ante los medios en la isla indonesia.
