En el marco de la 27.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que este año se celebra en Egipto, la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) exigió más recursos económicos para que las naciones rodeadas de mar puedan encarar los efectos del cambio climático.
«Nosotros fuimos quienes financiamos la revolución industrial con nuestra sangre, sudor y lágrimas y ahora ¿tenemos que afrontar la doble penalización de pagar también el coste del aumento de las emisiones? Eso es fundamentalmente injusto», criticó en la COP la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.
Los 39 pequeños países insulares del Atlántico, el Caribe y el Pacífico generan menos del 1 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) del planeta y aún así enfrentan las múltiples consecuencias del calentamiento global.
Los efectos de la crisis ambiental
De acuerdo con el informe ‘Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad’, publicado en febrero por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), las naciones isleñas sufren el incremento del nivel del mar, la multiplicación y agudización de las lluvias y los ciclones tropicales, además de la intensificación de las sequías fruto del aumento de la temperatura mundial.
Como resultado, la superficie territorial de los ya de por sí pequeños países insulares está amenazada, así como su seguridad alimentaria.
Por ejemplo, Kiribati, un pequeño Estado en el Pacífico conformado por 33 islas, está en riesgo de convertirse en la primera nación en ser engullida por el mar, según advierte Naciones Unidas. En Haití, a la ya histórica crisis política y económica, se une la escasez de lluvias en las zonas rurales, que afecta gravemente los cultivos. Actualmente, 4,7 millones de personas enfrentan hambruna aguda en la isla caribeña, reporta el Programa Mundial de Alimentos.
De acuerdo con Naciones Unidas, los pequeños países insulares pagan el precio más alto de la acción insuficiente contra el cambio climático. Según calcula la organización, desde 1970 hasta 2020 estas naciones habían perdido 153 millones de dólares debido a eventos relacionados con el clima.
La necesidad de contar con más recursos
En febrero de 2016, la isla de Fiyi, en la periferia de Australia, perdió más de la tercera parte de su Producto Interno Bruto (PIB) y una sexta parte de su población en tan solo 36 horas, tras ser golpeada por el huracán Winston. En 2017, el Banco Mundial estimó que la pequeña nación tendría que invertir 4.500 millones de dólares en un plazo de 10 años para poder sortear las catástrofes naturales, casi lo mismo que el PIB anual de la isla.
El calentamiento global ha dado pie a que se profundicen las brechas de desigualdad económica y los problemas sociales de las 39 naciones que integran la AOSIS, provocando migraciones y muertes en Estados cuyos recursos no permiten dirigir el presupuesto necesario a la crisis climática y a resolver al mismo tiempo los problemas políticos, económicos y sociales por los que atraviesan.
Antes de la pandemia, el 22,8 % de la población de estas naciones vivía en situación de pobreza y un 9,5 % en pobreza extrema, según calcula la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad). No obstante, con el coronavirus la situación se agravó, dado que el 30 % del PIB de estos países depende de los visitantes extranjeros.
Ante la de falta de recursos y los múltiples problemas que encaran, los países insulares deben recurrir a deuda; sin embargo, no hay opciones ni recursos suficientes para estas naciones, que ya de por sí viven con altos niveles de deuda.
De acuerdo con la Eurodad, entre 2016 y 2020, los 36 pequeños países insulares que estudiaron apenas recibieron 1.500 millones de dólares en financiamiento internacional para el clima, aunque en el mismo período, 22 de las naciones analizadas pagaron casi 18 veces más a sus acreedores externos.
Para poder costear las repercusiones que tiene el cambio climático sobre sus países y poder mitigar sus efectos, la Alianza de Pequeños Estados Insulares propuso en la COP27 la creación de mecanismos para financiar cualquier tipo de pérdida o daño provocado por el cambio climático.
