Por: María Alejandra Lazala
“Con las víctimas de trata todo investigador tiene la obligación de ser eficiente porque en estos casos ser ineficiente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona”, Yeni Berenice, procuradora adjunta de la República Dominicana.
La trata de personas es un delito complejo que incluye situaciones que afecta el desarrollo y normal funcionamiento de la vida de los seres humanos y que tristemente ningún lugar en el mundo está exento a vender, comprar y comercializar a las personas como si fueran objetos, siendo mujeres las principales víctimas de este flagelo representando el 46%; las niñas el 19% y 1 de cada 4 víctimas es varón, esto según datos ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Es un fenómeno relacionado con la migración irregular, la pobreza, la desigualdad, la marginación y la violencia afectando a casi 50 millones de personas en el mundo, que son objeto para realizar trabajo forzoso, explotación laboral, explotación sexual y el matrimonio impuesto.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones, de esos 50 millones de personas, 27.6 millones son obligadas a trabajar en contra de su voluntad y 22 millones están en un matrimonio forzado, tanto hombres, mujeres y niños pueden ser objeto de trata para fines muy diversos.
Red de trata y prostitución en República Dominicana
La Procuraduría Especializada Contra el Trafico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (P.E.T.T), es la responsable de implementar una política criminal nacional de combate al crimen organizado con jurisdicción en todo el país, haciendo cumplir la Ley 137-03, que es la que sanciona los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Dicha ley data del año 2003 y penaliza todas las formas de tráfico laboral y algunas formas de tráfico sexual y estableciendo penas de 15 a 20 años de prisión y multas de hasta 175 salarios mínimos.
La misma es definida como la captación, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o a la concesión o recepción de beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para que ejerza cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o la extracción de órganos.
Para la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, la eficiencia en las investigaciones de los delitos de criminalidad organizada debe ser el norte de todo investigador, pero en los casos de trata de personas, insistió en que es una obligación que va mucho más allá.
Especificó que la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en todo el mundo, al destacar: “que los grupos criminales obtienen unos beneficios de más de 3 mil millones de dólares”.
En la República Dominicana entre los años 2018 y 2021, las autoridades identificaron un promedio de 450 víctimas de trata de personas. En el primer semestre del 2022 se judicializaron unos 89 casos, contando la operación Cattleya en la que se identificaron 80 víctimas.
Jóvenes mujeres entre18 y 23 años que eran traídas desde Venezuela y Colombia por una organización criminal y retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El caso más reciente ocurrió en La Romana, donde una presunta organización delictiva dedicada a la prostitución y trata de personas utilizaban la red social Facebook y escuelas para captar a sus víctimas, en su mayoría adolescentes.
El modus operandi era una supuesta oferta de trabajo en un exclusivo complejo turístico de esa provincia donde según detalla el Ministerio Público, eran ofrecidas a clientes extranjeros a cambio de remuneraciones económicas que oscilaban entre los US$100 y US$175, de los cuales debían entregar US$75 a sus proxenetas.
Informe sobre Trata de Personas
La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana publicó el Informe sobre la Trata de Personas 2022, el cual establece que el país no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está llevando a cabo esfuerzos significativos para lograrlo, lo que coloca a la nación en el nivel dos en esta área.
Estos esfuerzos incluyeron la condena de más traficantes; la apertura de un refugio específico para la trata; la mejora de la detección de víctimas, la derivación a la atención y la recopilación de datos; la asistencia a gobiernos extranjeros en casos de trata; y el registro y la documentación de los migrantes venezolanos vulnerables a la trata.
Sin embargo, según el documento, los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas de la trata parecían no ser igualitarios, ya que el gobierno no proporcionaba justicia ni examinaba y asistía a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.
De acuerdo al informe el gobierno recibió apoyo de algunas Organizaciones sin fines lucro (ONG) y organizaciones religiosas para proporcionar alojamiento a las víctimas de la trata extranjeras y dominicanas, además de asistencia y servicios psicológicos, de reintegración, de repatriación y médicos.
También se informó que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), experimentó dos cambios en su dirección donde ninguno de los cuales mejoró el desempeño de la institución, que seguía teniendo problemas para proporcionar atención de emergencia a los niños víctimas y tratamiento psicoterapéutico a las víctimas.
Campañas de concientización
El documento evidenció que el gobierno sensibilizó a la población sobre la trata y explotación sexual en las zonas de gran afluencia turística, así como a través de entidades tales como, el Ministerio de Trabajo (MT), que llevó a cabo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desarrollar una jornada de capacitación contra la trata, tráfico, explotación sexual y laboral, dirigida a representantes locales e inspectores de la frontera, técnicos de trabajo infantil, de igualdad de oportunidades y no discriminación.
También, se difundió material en vallas publicitarias, en prensa y radio locales a través de campañas de concientización y prevención “Ojo Pelao”, y “No hay excusas” para las víctimas potenciales, centrándose especialmente en las personas que ejercen el comercio sexual y para la explotación sexual infantil.
La titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Yoanna Bejarán, destacó el avance en la lucha contra esos delitos. Resaltó que unas 196 víctimas de trata de personas y de tráfico de migrantes han sido rescatadas del dominio de estructuras criminales dedicadas a este delito.
Afirmó que la trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino.
Lograr el consenso público necesario
La República Dominicana ha asumido un compromiso como país signatario de varias convenciones internacionales y a raíz de la discordia que generó el proyecto de Ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes fue devuelta al Poder Ejecutivo para su adecuación y conceso.
Pese a esto, y luego de que autoridades indicaran que había que corregir algunos errores del proyecto de ley, diversos sectores consideraron que la proposición vulnera la soberanía nacional.
Aún se está a la espera de la presentación dichas modificaciones que serían las más convenientes para el interés nacional e internacional.
