El abogado Ángel Lockward devolvió a la Procuraduría General de la República, de «manera voluntaria», 220 millones de pesos producto del fraude al Estado dominicano, según la acusación de la Operación Calamar.
«Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de noventa y un millones de pesos, pagados a título personal y mediante interpósitas personas, como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., y sus empleados Eilin Bautista, Evelin Feliz Castro y Joar Emil Ortiz Hernández. Además, las cesiones de créditos otorgadas por el acusado Ángel Gilberto Lockward Mella a través de la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S. R. L., a favor de Joar Emil Ortiz Hernández, constituyeron el artilugio jurídico utilizado para distraer parte del dinero pagado de los fondos públicos administrados por el Ministerio de Hacienda, que fue entregado en calidad de soborno a la exconsultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales Belkiz Antonia Tejada».
El documento explica, que la razón de la inobservancia deliberada en los requerimientos legales, tributarios y protocolares en el expediente de los supuestos sucesores de Manuel Reyes O Ben, y la premura en liberar el primer pago, no fue producto de una mera falta, sino la manifestación de un interés personal del entramado corrupto compuesto por Ángel Donald Guerrero Ortiz, Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, Emilio César Rivas Rodríguez, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra García Medina y Ángel Gilberto Lockward Mella, de apropiarse indebidamente de la mayor parte de los trescientos setenta y nueve millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos, pagados con fondos públicos bajo la categoría presupuestaria de deuda administrativa.
