El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) consideró este lunes que “el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene una cuota de responsabilidad por permitir el acceso a sus filas y/o el financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales a personas ligadas al narcotráfico, por lo que deberá tomar medidas drásticas para evitar situaciones tan escandalosas como las actuales”.
Advirtió que no basta con que el partido de gobierno haya emitido un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas de sus miembros o vinculados, alegando la responsabilidad penal individual de los actos que se imputan a esas personas —y de otras que ya han admitido y recibido condenas—, sino que debe actuar con mayor contundencia.
PC hizo un llamado a los actores económicos, al Gobierno y a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y en el sistema político dominicano.
Este llamado surge a raíz de las recientes informaciones sobre figuras de las altas esferas del empresariado con estrechos vínculos con el poder político, principalmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), actualmente en el gobierno, relacionadas con actividades de narcotráfico y lavado de activos.
La entidad expresó preocupación por la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión como de los sujetos obligados, financieros y no financieros, en el marco de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los cuales deben evitar que personas vinculadas a estas actividades ilícitas penetren la economía nacional.
Asimismo, señaló que es urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan sus controles en los mecanismos de afiliación y recepción de financiamiento privado, directo e indirecto, para proteger la integridad del sistema de partidos dominicano.
Participación Ciudadana reiteró su llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como los candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley 155-17, lo que les exigiría realizar debidas diligencias ampliadas sobre el origen de los fondos aportados a las campañas electorales, dificultando el ingreso de recursos provenientes del narcotráfico u otros delitos precedentes.
La entidad recordó algunos de los casos destapados en los últimos años, en su mayoría vinculados a esa organización política, como el del exdiputado Miguel Gutiérrez, del PRM, condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos; la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, también de ese partido, condenada a cinco años; y los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, además de alcaldes y regidores, como el del Distrito Nacional, Edickson Herrera.
Agregó casos más recientes que involucran a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición o requeridos por Estados Unidos, quienes desarrollaban actividades económicas y empresariales con aparente normalidad, sin generar alertas en los sistemas de control.
“En muchos de los casos, las actividades sospechosas de los hoy investigados o condenados formaban parte del vox populi o rumor público en las comunidades y círculos en los que se desenvolvían, lo que debió ser de conocimiento de sus dirigentes locales”, expresó PC a través de una nota de prensa.
