Un tribunal especializado en materia de niños, niñas y adolescentes dispuso este lunes el internamiento provisional por 30 días de tres adolescentes señaladas en la investigación por la muerte de una menor que se encontraba bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
La decisión fue adoptada por la jueza Nicol Mejía, de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, quien ordenó que las jóvenes, de 14, 16 y 17 años, permanezcan en el Instituto Preparatorio de Señoritas de Villa Consuelo mientras continúan las pesquisas del caso.
Tras la audiencia, el abogado de los familiares de la víctima, Feliz Prensa, informó que las adolescentes enfrentan una imputación preliminar por homicidio, aunque señaló que todavía no se han determinado las circunstancias que dieron origen al hecho.
El jurista explicó que las investigaciones siguen en curso y que las autoridades procuran establecer con precisión lo ocurrido antes de presentar conclusiones definitivas sobre el caso.
Dentro de las diligencias pendientes figura la entrevista a una testigo considerada relevante para la investigación. Según indicó la defensa, su declaración será obtenida mediante una cámara Gesell, mecanismo utilizado para recabar testimonios en procesos que involucran a menores de edad.
Durante la audiencia, los familiares de la adolescente fallecida también solicitaron la entrega de los restos de la víctima, petición que fue acogida por el tribunal.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas, tanto la menor fallecida como las tres adolescentes investigadas estaban bajo la tutela y protección de Conani al momento del incidente.
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar si existió intención de causar daño, mientras que las imputadas optaron por no ofrecer declaraciones durante el conocimiento de la medida cautelar.
La legislación dominicana contempla un tratamiento especial para los menores en conflicto con la ley penal. En caso de una eventual condena, las sanciones previstas para adolescentes son distintas a las establecidas para adultos y oscilan entre cinco y ocho años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados por los tribunales.
