Con el objetivo de generar un espacio nacional de reflexión, articulación y construcción de propuestas sobre las adicciones y la salud mental, el Defensor del Pueblo realizó el simposio “Adicción y Estado: salud mental, comunidad y respuesta pública en la República Dominicana”.
La actividad reunió a especialistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones comunitarias, académicos y actores sociales, quienes analizaron uno de los principales desafíos de salud pública que enfrenta el país.
Durante el desarrollo del simposio se realizaron paneles y conversatorios con representantes del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Consejo Nacional de Drogas; así como María del Carmen Berrios Flores, exjueza del Tribunal de Primera Instancia de Ponce y miembro del Consejo Asesor de Ex Jueces del Poder Judicial de Puerto Rico y Kenya Romero, jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quienes conversaron sobre la reinserción social de las personas adictas a sustancias.
Al encabezar el encuentro, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que el foro permitió abordar la problemática desde distintos sectores de la sociedad, a fin de impulsar una respuesta pública fundamentada en los derechos humanos, la evidencia, la regulación y el bien común.
Recordó que, mediante el estudio “Mentes sanas y políticas enfermas”, el organismo constitucional ya había advertido el grave déficit de cobertura de salud mental en el país. También reiteró la necesidad de fortalecer los servicios en todos los niveles de atención, bajo un modelo integral de salud mental comunitario.
“De este encuentro deben salir compromisos concretos: una mesa nacional de seguimiento sobre salud mental, adicciones y derechos fundamentales; una ruta de inspección, habilitación y supervisión sanitaria para centros y programas; protocolos mínimos con enfoque de derechos humanos, salud pública, consentimiento informado y prohibición de tratos crueles, degradantes o humillantes; una ruta de orientación desde el Defensor del Pueblo; y la remisión a las autoridades competentes de cualquier información que pueda implicar privación ilegal de libertad, violencia, maltrato, hacinamiento, explotación, exposición indebida de la imagen o prestación irregular de servicios de salud”, prosiguió.
En ese orden, advirtió que “la Constitución de la República es el punto de partida de esta conversación”. Señaló que en varios artículos de la carta magna se consagran el respeto a la dignidad humana, su supremacía, la observancia del Estado Social y Democrático de Derecho, así como la función esencial estatal en la protección efectiva de los derechos de la persona. “Cuando hablamos de adicciones, salud mental, internamientos, centros de rehabilitación, denuncias de maltrato, abandono institucional o ausencia de respuesta pública, hablamos de un problema constitucional de primer orden”, enfatizó Ulloa.
El servidor público resaltó la importancia de visibilizar experiencias comunitarias y territoriales de prevención, acompañamiento y rehabilitación. Para ello, destacó la importancia de identificar buenas prácticas, desafíos y oportunidades de articulación con el sistema público.
De su lado, el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu, durante su ponencia “La responsabilidad del Estado frente a las adicciones y la salud mental y el papel de la comunidad” destacó los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno para garantizar una política de salud mental en beneficio de la sociedad dominicana.
“Tenemos que trabajar en la familia, en la escuela y en la comunidad para reconstruir el tejido de la convivencia cotidiana”, expresó Abreu.
El encuentro permitió intercambiar experiencias y propuestas para fortalecer las políticas públicas y los servicios de atención, contribuyendo a la construcción de una agenda nacional más inclusiva, humana y efectiva.
