El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conoce este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros imputados en el proceso judicial por un presunto entramado de corrupción y fraude en la institución.
El juez Deiby Timoteo Peguero evaluará si han surgido nuevos elementos que justifiquen variar la coerción impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente contra los investigados.
Hazim, implicado como el cabecilla de una red que defalcó a Senasa con más de RD$ 15 mil millones, permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, junto a otros implicados.
También guardan prisión Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
En el caso de Ada Ledesma Ubiera, quien se encontraba recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, el tribunal dispuso recientemente su variación de medida, otorgándole garantía económica y arresto domiciliario.
Mientras que los empresarios Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina cumplen arresto domiciliario.
El expediente presentado por el Ministerio Público señala que los imputados habrían participado en un esquema de corrupción administrativa que provocó perjuicios económicos al Senasa, mediante presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones, servicios, pagos y manejo de recursos públicos.
De acuerdo con la acusación, la estructura investigada habría utilizado sus posiciones dentro y fuera de la institución para favorecer intereses particulares, mediante operaciones que, según los fiscales, afectaron el patrimonio del Estado y los recursos destinados al sistema de salud pública.
El órgano acusador afirma que los hechos constituyen delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación, lavado de activos provenientes de infracciones graves y otros ilícitos penales.
La investigación forma parte de los casos de persecución contra la corrupción administrativa que lleva a cabo el Ministerio Público, mientras las defensas de los imputados han rechazados las acusaciones.
La audiencia de este jueves permitirá al juez determinar si permanecen las condiciones que justificaron la prisión preventiva, si corresponde mantenerla o si procede una modificación de las medidas impuestas a los imputados.
