El presidente Luis Abinader se mostró este lunes abierto a una posible modificación de la cuestionada Ley 1-24 que reestructura el sistema nacional de inteligencia y que, según varios sectores, vulnera derechos fundamentales como la libertad de presa.
«Si hay que modificarlo se va a modificar», dijo Abinader en La Semanal, la rueda de prensa que ofrece los lunes y que en esta ocasión se transmitió desde el municipio San Francisco de Macorís.
El gobernante, que mañana se reunirá con periodistas para hablar del tema, dijo que la ley era un mandato de la reforma Constitucional de 2010.
De acuerdo con el mandatario, había cuatro proyecto sobre el tema, tres de ellos presentados por la oposición, y que al fusionarse resultó en el que fue aprobado a finales de diciembre en el Congreso Nacional y que el promulgó este mes.
El proyecto «fue de consenso, todos los sectores lo apoyaron», afirmó, por lo que criticó los cuestionamientos posteriores de la oposición.
«Quien les habla no se involucró en lo más mínimo (en la redacción y en el trámite de la norma), porque yo quería que salga de todos los sectores”, indicó Abinader resaltando que todos los sectores consultaron “aprobaron” el texto legislativo que ahora está vigente.
El Ejecutivo asegura que la Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y convierte el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia, es un «paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción».
Ley que vulnera derechos básicos
Sin embargo, entidades como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD) afirman que la nueva ley vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana, como el que, aseguran, faculta a la DNI a llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en las bases de datos de las entidades públicas y privadas.
Además, acceder de manera automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones.
El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de varios recursos que procuran que declara inconstitucional dicha ley.
