Critican baja inversión y nivel de endeudamiento en presupuesto 2025

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Reseñas
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RD hacia otro intento de aprobar norma rezagada durante 20 años Por Claudia Fernández Lerebours SANTO DOMINGO.- En Septiembre de 2022 se inicia en la República Dominicana con la expectativa nacional de otro intento de aprobación de ley de nuevo Código Penal, una legislación que desde 2006 el país busca infructuosamente instaurar para contrarrestar el auge de crímenes y delitos. Una aguda división de la sociedad respecto a la cuestión de la interrupción del embarazo traba ese objetivo durante casi dos décadas. La nueva norma sustituiría el código penal napoleónico vigente desde inicios de la República Dominicana, heredado de la dominación haitiana (1822-1844), traducido al español en 1882. “Una legislación vetusta e incapaz para responder a los desafíos de este tiempo”, según el abogado y exdiputado José Ricardo Taveras. “El actual código penal responde a una realidad social diferente a la actual y las normas que prescribe carecen de unidad y armonización con otras normas, como la Constitución de 2010”, dijo a este medio el abogado Ramón A. Santos Santos. LA MIRA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Al inicio de la actual legislatura, el pasado 16 de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que ese hemiciclo aprobaría el polémico proyecto este noveno mes. Su declaración ha coincidido con una ola de hechos sangrientos de violencia delincuencial, de género e interpersonal en la nación caribeña, que ha conmocionado el país y revivido la frustración nacional por no disponerse de un código sancionatorio a la altura de las circunstancias. “Es necesario un nuevo código penal. Las penas y las sanciones, la tipificación de las infracciones penales deben estar acordes con la realidad social y el procedimiento penal actual”, explicó Santos Santos. “Con un nuevo código penal el ejercicio penal se agilizará de manera considerable. Se aumentarán las penas para delitos graves y la justicia penal no estará tan fragmentada y atomizada en lo que se refiere a la parte normativa”, agregó. AVANCES Según se ha conocido, la propuesta de nuevo Código Penal incluye cúmulo de penas, por lo que el autor de varios crímenes podría recibir hasta 60 años de cárcel. El actual código por homicidios múltiples, solo establece 15 años. Contempla nuevos tipos penales como feminicidio -crimen en el cual el país tiene la segunda mayor tasa de América Latina-, acoso, corrupción, genocidio, desaparición forzada. También tortura, la actividad sexual sin consentimiento, el experimento biomédico no consentido, ataques por sustancias químicas, bullying o hostigamiento, entre otros. VIACRUCIS Posturas irreconciliables entre sectores que defienden los derechos femeninos y las iglesias cristianas han trabado la aprobación de la nueva legislación. Los primeros exigen que el aborto, completamente penalizado actualmente, sea despenalizado en 3 circunstancias: en caso de que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre, que sea fruto de violación o incesto, o tenga el feto malformaciones incompatibles con la vida. Los segundos defienden que sea mantenida la penalización total. FIN DEL VIACRUCIS: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O ACUERDO SOCIAL El proyecto de modificación al Código Penal que la Cámara de Diputados se encamina a discutir es una reciente versión que cuenta con un informe favorable de su Comisión de Justicia, según reportes de prensa. Se desconoce el contenido de la misma respecto a la controvertida cuestión del aborto. En esa cámara perimió una versión aprobada por el Senado en noviembre de 2021 que admitía la eximente de la penalización del aborto si la vida de la madre o el feto estaban en peligro (art. 112). La versión que aprueben los diputados deberá ser conocida en el Senado y si finalmente es sancionada, la ley pasará al Poder Ejecutivo. Pero que entre en vigencia estará sujeto a que el presidente Luis Abinader, contrario a sus dos predecesores no la observe sino que la promulgue. Debido a que no tenía las 3 causales del aborto, en 2014 el entonces presidente Danilo Medina vetó la ley de nuevo Código Penal, lo que también había hecho Leonel Fernández en 2006, por ese y otros aspectos. Abinader se ha manifestado a favor de las tres causales; pero en marzo de 2022 sugirió que la decisión respecto al aborto recaiga en el pueblo pues es una cuestión que divide a la sociedad y a los partidos políticos. Pero a menos que todos los sectores estén de acuerdo con el texto promulgado por el Ejecutivo, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. El abogado constitucionalista Jottin Cury resaltó que la Constitución dominicana no prevé ninguna causal para el aborto pues su artículo 37 establece de manera categórica que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. En ese sentido explicó que para evitar acciones de inconstitucionalidad contra el nuevo código en cuanto a despenalización parcial del aborto, lo factible es que ese aspecto sea excluido de la normativa y sea objeto de una ley aparte, idea a la que, dicho sea de paso, se opone el sector feminista. Otra opción es que la causal de “cuando esté en peligro la vida de la madre” fuese redactada de manera que quede consignado que la protección de la vida está garantizada, en congruencia con el texto constitucional, lo cual consideró puede explorarse. El experto resaltó la importancia del diálogo para llegar a un acuerdo nacional que permita asegurar la adopción del nuevo Código Penal. “Todo va a depender del diálogo social, porque tienen razón los sectores que señalan que una causal puede abrir una brecha para abortos ilegales, como también los que señalan que debe haber una decisión cuando está en peligro la vida de la madre, hay que dejar de un lado las pasiones y fomentar el punto de conciliación y entendimiento”, expresó. (933 palabras hasta aquí) CONTRA LA CRECIENTE VIOLENCIA, MÁS QUE NUEVO CÓDIGO PENAL Si bien el país tiene la expectativa de lograr un nuevo Código Penal para poder combatir el auge criminal y delictivo, diversos entendidos advierten que a esos fines República Dominicana necesita mucho más que este instrumento. El médico Juan Diego Pérez, residente de psiquiatría del hospital Moscoso Puello, opinó que la solución contra los altos niveles de violencia dominicanos está en fomentar una sociedad más educada e igualitaria, con menos pobreza, y control efectivo del alto consumo de alcohol. El diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, dijo que aunque aprobar un nuevo código penal ayudará, lo que realmente reducirá la problemática dominicana de violencia es crear un clima de paz, fomentar los valores familiares y destinar más recursos a las políticas públicas. El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) Servio Tulio Castaños Guzmán alertó sobre la necesidad de que se realicen esfuerzos para enfrentar todas las formas de violencia en el país, las cuales indican que existen muchos problemas sociales. Uno de los considerandos de la versión de nuevo Código Penal aprobada en el Senado el año pasado señala “Que para prevenir y enfrentar la actividad delictiva que se manifiesta en la sociedad, se requiere que el Estado adopte políticas públicas, especialmente de carácter económico, educativo y social, que involucren a la ciudadanía en la prevención y el control de esta actividad”. (Texto completo hasta aquí 1190 palabras)
El Congreso estudia el proyecto de presupuesto general delEstado 2025

Santo Domingo.– El diputado nacional del PLD Danilo Díaz y el vocero de la organización en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, criticaron el proyecto de presupuesto general del Estado sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo, por la baja inversión que contempla y el nivel de endeudamiento.

Díaz sostuvo que el proyecto contempla más gastos que ingresos, con reducción de capital, lo que “conlleva a un déficit presupuestario de los más altos del mundo”, según una nota del PLD.

Señaló que la programación financiera gubernamental para 2025 tiene la más baja tasa de gasto de capital y de inversión, desde el año 1990.

En tanto, Sánchez dijo que “el presupuesto se sustenta en financiamiento” y resaltó la desconexión entre los funcionarios gubernamentales y el Congreso.

Díaz y Sánchez son miembros de la comisión bicameral que estudia la pieza legislativa.

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