El Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, solicitó al Congreso Nacional habilitar un espacio de diálogo y discusión con los medios de comunicación y la Sociedad Dominicana de Diarios ante reclamos de posibles vulneraciones de derechos en el nuevo Código Penal que entra en vigencia el próximo 3 de agosto.
De acuerdo a varias organizaciones y medios varios artículos de la ley 74-25 podrían convertirse en elementos que afecten el ejercicio de la prensa como son el artículo 8, 30, 41, 208, 212, 234 186 donde se abordan temas penales, responsabilidad, difamación y prisión por los denominado delitos de prensa.
“Desde el Defensor del Pueblo abogamos por diálogo sincero que garantice el ejercicio de la libertad de expresión y que sea compatible de la dignidad y el buen nombre de las personas” sentenció Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
Añadió que de acuerdo con sentencias del Tribunal Constitucional como son la número TC/0075/16 declaró nulo varios artículos de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, también la sentencia TC1148/25 reafirma que la prisión viola los estándares internacionales por lo que es coherente que se analicen todas las decisiones y sobre el tema para evitar choques institucionales
Ulloa sostuvo que una de las principales fortalezas del nuevo marco penal es que actualiza una legislación históricamente rezagada y abre la posibilidad de dotar al país de mayor claridad normativa, mejores herramientas frente al delito y una visión más coherente con los derechos fundamentales. Sin embargo, advirtió que el verdadero valor de una reforma penal no está solo en su aprobación, sino en su capacidad de traducirse en resultados concretos para la ciudadanía, especialmente para las víctimas, las personas en condición de vulnerabilidad y quienes demandan una justicia más confiable, oportuna y efectiva.
“El país no debe confundir reforma penal con justicia automática. Una ley puede representar un paso de avance, pero solo será una victoria ciudadana si el Estado tiene la capacidad de aplicarla bien, proteger a las víctimas, garantizar el debido proceso y evitar que la impunidad o el abuso sigan debilitando la confianza pública”, expresó Ulloa.
Agregó que el gran examen institucional estará en la preparación de fiscales, jueces, defensores, policías, centros penitenciarios, unidades de atención a víctimas y demás actores responsables de convertir la norma en una práctica justa, humana y eficaz.
Pablo Ulloa afirmó que entidad que dirige está en la disposición de ser mediadora entre el Congreso Nacional y la Sociedad Dominicana de Diarios y los medios para que se garantice un ejercicio de periodismo acorde a las leyes y la norma sin que se vulnere el sagrado derecho de la libertad de expresión.
Añadió que desde el Defensor del Pueblo impulsará espacios de pedagogía ciudadana e implementación institucional en Santo Domingo y Santiago, con el propósito de escuchar preocupaciones, orientar a la población y contribuir a que el nuevo Código Penal sea comprendido y aplicado desde la Constitución, la protección de las víctimas, las garantías procesales y el respeto a la dignidad humana. “El país no necesita una justicia que grite más fuerte; necesita una justicia que funcione mejor. Esta debe ser una oportunidad para que el Estado se prepare, la ciudadanía conozca sus derechos y la justicia responda con firmeza, humanidad y responsabilidad”, concluyó.
