Quito, 29 abr (Prensa Latina) Ecuador demandó hoy a México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por otorgar asilo al exvicepresidente Jorge Glas en medio de las críticas al gobierno ecuatoriano por invadir la embajada mexicana en Quito.
La nación sudamericana considera que el Ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó ilegalmente el asilo al exvicemandatario Glas, que tiene procesos judiciales pendientes y condenas, pero aún así México lo considera un perseguido político.
Según la cancillería ecuatoriana, la demanda interpuesta este lunes ante La Haya solicita declarar que México incumplió sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos de Estado receptor y utilizó los locales de la misión de manera incompatible con las funciones diplomáticas.
Mediante un comunicado, el gobierno ecuatoriano señala que México incumplió, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas procesadas o en juicio por delitos comunes o condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales.
Asimismo, apunta que violó su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción de conformidad con el artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y los Artículos 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
En su nota, Ecuador no hace referencia a la invasión de sus uniformados a la embajada mexicana en la noche del 5 de abril para detener a Glas, hecho que causó críticas a nivel de decenas de países y organizaciones por constituir una violación de la Convención de Viena.
El incidente también desató una crisis entre ambos países que rompieron relaciones diplomáticas y provocó también una denuncia previa por parte de México en la CIJ.
Este martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo el organismo escuchará los alegatos de ambos países dentro del proceso que presentó México semanas atrás en rechazo a la violación de su legación.
Entretanto, el exvicperesidente Glas se encuentra en una cárcel de máxima seguridad a pesar de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decretó que su detención fue «ilegal y arbitraria».
Sobre él pesa una condena de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos y también es acusado de supuesta malversación por las obras de reconstrucción tras el devastador sismo de 2016 en la costa ecuatoriana.
Juristas y expertos internacionales aseguran que no existen pruebas contra el político, militante del movimiento Revolución Ciudadana, quien es considerado víctima del denominado «lawfare».
