Por considerarlos gravosos, el presidente Luis Abinader emprendió una política de revisión de algunos contratos de concesión, arrendamiento o permutas parciales de propiedades del Estado a empresas extranjeras, acciones que se han llevado a cabo en tres años por la firme voluntad política en la defensa al interés nacional.
Conforme con los resultados de revisión de tres de los acuerdos más relevantes suscritos por la actual Administración en representación del Estado dominicano, se observa que desde el año 2021 el país ha salido beneficiado en esas negociaciones con empresas extranjeras adjudicatarias.
Esas acciones se han traducido en eventuales ingresos a las arcas públicas de 4 mil 432 millones 925 mil 579 dólares, suma que calculada a la tasa actual de 57, resultan RD$252 mil 676 millones 758 mil 3 pesos.
Conforme con los resultados de revisión de tres de los acuerdos más relevantes suscritos por la actual Administración en representación del Estado dominicano, se observa que desde el año 2021 el país ha salido beneficiado en esas negociaciones con empresas extranjeras adjudicatarias.
Los contratos mediante los cuales el país se beneficia con su renegociación, de manera transparente y en buenos términos con las empresas extranjeras involucradas, son los peajes administrados y gestionados por la empresa Autopista del Nordeste (conocidos como peajes sombras); la recompra de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) a la empresa Petróleo de Venezuela (PDVSA), y el contrato para la terminación anticipada de la gestión y administración de seis aeropuertos que gestiona la empresa Aeropuertos Dominicanos (Aerodom), de propiedad panameña.
Asumiendo una política abierta, garantizando el buen clima de inversión extranjera en el que prima el respeto a la Constitución, las normas locales e internacionales, el presidente Abinader gestionó con tacto la firma de los ya mencionados contratos, garantizando que las partes involucradas quedan satisfechas, cuidando el patrimonio público.
En ninguno de los casos de renegociación de contratos, el país asumió deudas o compromisos a futuro que no fuesen los compromisos establecidos en los convenios negociados inicialmente, los cuales datan de los años 1998, 1999, 2007 y 2010, respectivamente.
Peajes Sombra
Este contrato se inició en septiembre de 1998 con el objetivo de adjudicar a un tercero (recayó sobre Autopista del Nordeste) la construcción de un tramo de la carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de Molinillos. Al año siguiente, específicamente el 23 de septiembre de 1999, se hizo una enmienda (Adendum No. 5) con el propósito de que “el contrato de construcción de obra podría ser sustituido (y así fue) por la modalidad de concesión bajo régimen de peaje y ampliando el alcance de la obra a los 105 kilómetros para completar el trazado completo de la carretera…”
El 22 de enero de 2001, el entonces secretario de Obras Públicas, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, autorizó a que las empresas colombianas Grupo Odinsa y Grupo Grodco, SCA formarán parte de la adjudicataria Autopista del Nordeste, siendo el 18 de julio de 2001 la firma definitiva del denominado “Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje Carretera Santo Domingo-Rincón de Molinillos”.
Esa concesión enfrenta sus dificultades porque las proyecciones de retorno por vía de los pesajes no se corresponden con los cálculos realizados, de modo que hubo de hacerle una reingeniería financiera que se presentó a las concesionarias, que accedieron en aceptar un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), previsto en el artículo duodécimo del contrato original.
Mientras las empresas concesionarias alegaban incumplimiento por parte del gobierno por impagos, el Estado dominicano sostuvo que “la Concesión resultaba demasiado onerosa y afecta ostensiblemente las finanzas públicas, lo que a su vez ha causado inconformidad y malestar social por los montos a pagar por concepto de peajes en las carreteras bajo el contrato de concesión…”.
La actual Administración inició los pasos para poner fin al contrato, pero buscando una salida amigable y satisfactoria para las partes, en la que acordaron luego de múltiples reuniones “encontrar una solución prevista en el contrato de concesión, la cual es cinco veces menor a la que tendría que pagar el Concedente (Estado) de continuar el contrato de concesión hasta su fecha de término prevista para el año 2038”.
El nuevo acuerdo logrado por los negociadores de la actual Administración evitó el pago de US$2,428,385,579 millones, “lo que a su vez evita el trauma y el coste de tener que recurrir a un largo, costoso y complejo proceso extrajudicial”.
A resumidas cuentas, el gobierno también recuperó la administración y gestión de toda la infraestructura vial con sus partes administrativas, así como cumplir con la parte que corresponde a las empresas concesionarias como obligación contractual, esto es pagar más de 410 millones de dólares en partidas establecidas en el acuerdo.
Recompra de Refidomsa
La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) tiene una larga historia desde su creación el 7 de noviembre de 1969, que inicia con un acuerdo societario entre el Estado dominicano y la Shell International Petroleum con una participación 50-50, operación refrendada por el Congreso Nacional con la resolución 533 del 31 de diciembre de ese año.
En el año 2008, el entonces presidente Leonel Fernández adquiere la parte accionaria de la Shell por la suma de 110 millones de dólares. Dos años después, la administración peledeísta de Fernández cedió el 49 por ciento de las acciones a Venezuela a través de la estatal PDVSA, acción no vista con buenos ojos por los antiguos socios.
En el año 2015, el gobierno de Estados Unidos impone sanciones económicas al gobierno bolivariano de Venezuela y a sus empresas, lo que impacta a la dominico-venezolana Refidomsa.
Desde su llegada al poder, el presidente Luis Abinader instruyó al ministro de Hacienda, Jochy Vicente, para que iniciara las diligencias para retornar el control completo de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo a manos del Estado dominicano.
Los esfuerzos realizados por Hacienda surtieron su efecto. En el mes de agosto del año 2021, el Gobierno dominicano anunció la adquisición del 49 por ciento de las acciones del capital suscrito y pagado de la Refinería Dominicana de Petróleo por un precio de 74 millones de euros, equivalente a 88 millones 134 mil dólares, inferior al precio de venta que la entonces PDV Caribe, pagó al Estado al momento de adquirirlas.
La transacción de recompra de acciones de Refidomsa se llevó a cabo a un costo menor que el de la venta de las mismas acciones realizadas en el año 2010 por el Gobierno dominicano.
De acuerdo con el contrato compraventa, la permuta de las acciones se realizó de PDVSA a la sociedad comercial PATSA, L.T.D. (una empresa del Grupo Risek) que, a su vez y de manera simultánea, vendió al Estado el 49 por ciento de las acciones de Refidomsa.
Aeropuertos dominicanos
El más reciente de los megacontratos renegociado por el Gobierno dominicano es el de concesión de Aerodom, firmado en 1999, que no generaba beneficios directos al fisco ni garantizaba las mejores condiciones en la infraestructura de los aeropuertos.
El nuevo acuerdo con Aeropuertos Dominicanos fue dirigido por funcionarios públicos como Joel Santos, ministro de la Presidencia; Pedro Silverio, asesor económico del Poder Ejecutivo; el abogado Jorge Luis Polanco, y miembros de la sociedad civil como Franklín Báez Brugal, Juan Lladó y Fernando Enrique.
Los cambios registrados en el nuevo contrato de administración y gestión de los aeropuertos representan para el Estado ingresos aproximados de 2 mil millones de dólares.
Conforme con los acuerdos entre las partes, la empresa privada hará un pago inicial o canon de 775 millones de dólares en 6 meses por derecho de operación, que ingresarán al Gobierno. Asimismo, una inversión de 830 millones de dólares para mejoras en los 6 aeropuertos, incluido el de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, así como otros aportes variables, estimados entre 300 y 550 millones de dólares.
El presidente de la República anunció que con los recursos recuperados en la negociación se ejecutarán diversas obras de infraestructura que ha estado reclamando la sociedad en Boca Chica, provincia Santo Domingo, San Cristóbal y distintas provincias del territorio nacional.
