El Parlamento Europeo no ha conseguido los votos suficientes para rechazar un reglamento, conocido como ‘Chat Control’, que permitiría a grandes empresas tecnológicas escanear mensajes privados de usuarios en busca de material de abuso sexual infantil.
Este jueves, los legisladores han concluido la segunda lectura de la propuesta relativa a una excepción a las normas de privacidad electrónica, después de que no se alcanzara la mayoría absoluta necesaria para rechazar o modificar la posición del Consejo de la Unión Europea al respecto. Durante la votación, los eurodiputados aprobaron enmiendas a la propuesta con el objetivo de excluir del ámbito de aplicación de la futura normativa las «comunicaciones interpersonales a las que se aplica, se ha aplicado o se aplicará el cifrado de extremo a extremo».
En esta fase del procedimiento legislativo era necesaria una mayoría absoluta de los eurodiputados para rechazar o modificar la posición del Consejo. En una votación inicial, una mayoría simple respaldó el rechazo de la propuesta. Sin embargo, en otra votación no se alcanzó la mayoría absoluta requerida para rechazar la posición modificada del Parlamento: el resultado fue de 276 votos a favor, 286 en contra y 30 abstenciones.
Ahora, el texto será remitido al Consejo de la UE, que dispondrá de un plazo de tres meses para aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por el Parlamento. En caso de que este no acepte todas las enmiendas, ambas instituciones iniciarán un procedimiento de conciliación con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el texto definitivo de la ley.
¿Qué se sabe de ‘Chat Control’?
En la práctica, el proceso busca restablecer el ‘Reglamento de la UE sobre Abuso Sexual Infantil’ (ASI) que expiró el pasado 3 de abril.
El marco legal fue presentado en el 2022 con el objetivo de combatir la difusión de este tipo de material en las redes. La normativa permite a plataformas como WhatsApp* y Messenger* adoptar medidas voluntarias que se apartan de las normas de privacidad electrónica para identificar a los usuarios sospechosos de compartir material de abuso sexual a menores.
Mientras se debate una nueva versión de la ley, la Comisión Europea propuso una prórroga temporal de este plan, que fue rechazada por el Parlamento en marzo con 311 votos en contra, 228 a favor y 92 abstenciones.
