Santo Domingo.- De tres imputadas femeninas en el caso Calamar, un supuesto entramado de corrupción que distrajo fondos del Estado por más de RD$31,000 millones, resalta como figura más relevante la extitular de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina.
Ocupó esa posición desde abril de 2017 hasta agosto de 2020 y en esa calidad participó, según el Ministerio Público, en una coalición de funcionarios encabezada por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, actualmente bajo arresto, al igual que García Medina y otros dieciocho involucrados.
Según la acusación, esa asociación realizó múltiples maniobras fraudulentas para desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de los fondos públicos bajo su administración.
Los otros exfuncionarios bajo arresto por este caso son el anterior ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el excontralor Daniel Omar Caamaño, el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo, el antiguo director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, así como el exministro de Obras Públicas y candidato presidencial del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo.
Participó también el fallecido exdirector de Bienes Nacionales, Emilio Rivas. Los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
DOS IMPUTADAS NO GUBERNAMENTALES
Las otras dos imputadas pertenecen a la “estructura no gubernamental” que apoyó el fraude y son Yahaira Brito Encarnación o Yahaira Brito Evangelista y Ana Linda Fernández de Paola.
Ambas supuestamente obtuvieron sumas millonarias por concepto de pagos por expropiaciones fraudulentas de terrenos, mediante acuerdos transaccionales con la Dirección de Bienes Nacionales, aprobados por el ministro de Hacienda y su directora de Reconocimiento de Deuda.
Según el expediente, a Brito Encarnación o Brito Evangelista, y su esposo, el también imputado Ramón David Hernández, exempleado de la Oficina Nacional de La Propiedad Industrial, recibieron más de RD$550 millones en una maniobra fraudulenta sobre terrenos declarados de utilidad pública de la zona del litoral del Distrito Nacional.
“Como en los demás casos, el pago por concepto de declaratoria de utilidad pública de estos terrenos fue impulsado desde el mismo Ministerio de Hacienda por el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, y secundado por su socio de esta organización criminal, el fenecido Emilio César Rivas Rodríguez”, dice la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en su expediente acusatorio de más de 2000 páginas.
En cuanto Fernández de Paola, hermana del también imputado Emir José Fernández de Paola, recibió más de RD$4 mil millones como pago por terrenos declarados de utilidad pública en 1974, en condición de “supuestos herederos” de los mismos.
