Por Claudia Fernández Lerebours
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), el gobierno dominicano buscar romper la inercia en cuanto a reformas necesarias para el país desarrollarse de manera inclusiva, continua y sostenible, rezagadas con el paso del tiempo.
Tras una década de vigencia de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), aprobada como “una ruta consensuada que establece a dónde queremos llegar como nación y traza las pautas de cómo lograrlo”, República Dominicana no logra cohesionar sus fuerzas sociales en esa línea.
Pero este lunes 3 de octubre, el actual titular del Mepyd, Pável Isa Contreras, ha lanzado la iniciativa “Diálogos de desarrollo”, como espacio de discusión sobre qué hacer “para convertir el crecimiento económico en calidad de vida para la gente”.
“A dos años de ejercicio gubernamental, de haber tenido que enfrentar la pandemia de la covid-19 y las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, y de haber salido relativamente ilesos de ello, es tiempo de retomar con mucho más fuerza y vigor los esfuerzos por el desarrollo de largo plazo”, resaltó al introducir la actividad.
En su estreno, la jornada reunió a cuatro exministros de esa cartera, tres de ellos del anterior gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (1996-2000; 2004-2008; 2008-2012; 2012-2016; 2016-2020), en cuyos mandatos fue aprobada la END (ley 1-2012).
Esos exministros dominicanos de Economía son: Miguel Ceara Hatton (2020-2022, actual ministro de Medioambiente), Juan Ariel Jiménez (2019-2020), Temístocles Montás (2006-2016) e Isidoro Santana (2016-2019), quienes analizaron qué necesita hacer el país para un crecimiento económico que le asegure prosperidad económica continua, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental.
TODO ESTÁ FORMULADO
Aunque sus exposiciones se centraron en aportar ideas y propuestas sobre las cuestiones en agenda, como transformación del tejido productivo nacional, la pobreza y exclusión social, brecha de género, sostenibilidad ambiental, entre otras, los expertos hicieron mención de que en el país la ruta del desarrollo está definida, teóricamente, y el desafío dominicano reside en lograr su efectiva puesta en práctica.
“Casi todas las ideas que se nos pudiesen ocurrir a nosotros como conocedores de la economía y de los procesos de desarrollo implicarían de una u otra reforma, y los modelos económicos están ahí, las teorías, las ecuaciones, pero luego ponerlo en práctica requiere la colaboración de cada uno de nosotros y por eso felicito esta iniciativa porque es este tipo de encuentros que permiten facilitar, traducir, desde la idea hasta la ejecución”, resaltó Juan Ariel Jiménez.
“Aunque las ideas son importantes, gran parte de las cosas que hay que hacer no dependen de expertos que las digan sino de la capacidad que tienen los países para ponerse de acuerdo, la capacidad que tienen los distintos sectores para lograr hacer un ajuste adecuado de la correlación de fuerzas que se dan con los procesos de reforma”, indicó.
“Yo no veo muchas soluciones sin un gran acuerdo, sin un contrato social diferente, entre el Estado y los ciudadanos. Eso implica fundamentalmente un cambio en las instituciones y para eso lo primero es garantizar que nadie robe dinero público y si lo hace, no va a quedar impune”, expuso Isidoro Santana.
República Dominicana es uno de los casos más críticos de un Estado sin capacidad para resolver problemas, señaló.
Temístocles Montás se preguntó ¿por qué no avanzan las reformas en el país?, a lo cual respondió con una explicación que también refiere a la falta de compromiso y consenso nacional para alcanzarlas.
Citó además el “problema fundamental” de “la falta de respeto y cumplimiento de las leyes”.
LAS TRABAS DEL DESARROLLO
Según resaltó Santana, pocos países han logrado aumentar en 6 décadas su PIB de la manera en que lo ha hecho República Dominicana. Pasó de US$800 millones a US$94 mil millones.
Sin embargo, problemas como debilidad institucional, retraso tecnológico, baja industrialización, falta de inserción de la economía dominicana en la cadena de valor global, baja capacidad de exportación, deprimidos salarios, bajo índice de capital humano, bajo nivel de recaudación fiscal, cultura patriarcal, entre otras citadas en la discusión, impiden traducir ese extraordinario crecimiento en desarrollo humano a favor de toda la gente.
PRESIDENTE ABINADER RESALTA LA JORNADA
Sin mencionar la END, el presidente de la República Dominicana introdujo la jornada “Diálogos de desarrollo” mediante un mensaje virtual. La definió como “un esfuerzo del gobierno y del ministerio de Economía para generar espacios de discusión que nos ayuden como sociedad a definir los objetivos de desarrollo y bienestar que queremos alcanzar, así como la ruta que debemos transitar para lograrlo.
El mandatario agradeció la participación de los exministros durante los gobiernos del PLD, lo que consideró “una muestra de que más allá de las banderías políticas, todos tenemos un compromiso serio con el bienestar de nuestra gente”.
CONCLUSIONES
Al cerrar el conversatorio, Isa Contreras señaló que el Mepyd trabaja en la “revisión de la END” y “eventualmente estos dos procesos van a tener que converger”.
“Aceptamos el desafío de reflexionar, pensar, para construir mejores ideas para el desarrollo”, dijo tras anunciar la continuación de las discusiones, que serán llevadas a todo el país.
Su síntesis sobre las principales propuestas de los panelistas incluyó: la importancia de la institucionalidad democrática para lograr transformación económica; fomentar calidad de la educación, incluyendo la preescolar y universitaria; diversificación industrial; inserción de la nación a las cadenas globales de valor; facilitación de negocios; aumentar el ahorro nacional; un acuerdo nacional para mejorar la fiscalidad y el Estado tener los recursos para ofrecer servicios de calidad y lograr una sociedad más justa.
También, mejores docentes y directores de las escuelas públicas; cambiar las relaciones de poder para lograr una sociedad con mayores niveles de equidad; que los programas de apoyo social contribuyan a crear capacidades; transformar la cultura machista y patriarcal; cumplimiento de la ley y vigencia del estado de derecho; adaptación al cambio climático, entre otras.
