El exprocurador Jean Alain Rodríguez acusó al canciller Roberto Álvarez y a la titular de la Fiscalía Especializada en Persecución, Yeni Berenice Reynoso, de haber insultado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poder alegar supuesto desacato.
«La procuradora Berenice confirmó públicamente el odio, venganza y enemistad capital identificado por la ONU en los puntos 60 al 69 de su decisión, ratificando que es una funcionaria que la ley le prohibía investigar y acusar su ex superior jerárquico”, indica el extitular de el Ministerio Público.
Asimismo, señala que la ONU, «la más grande y relevante del planeta, a través de su Consejo de Derechos Humanos acogió que el arresto y prisión mantenida por más de 900 días contra Jean Alain Rodríguez devienen en arbitrarios, culminando en solicitarle al gobierno dominicano su inmediata libertad, así como desplegar una investigación exhaustiva e independiente en torno al tema, y por consecuencia, tomar las medidas pertinentes contra los responsables de tal conculcación de derechos”.
“En cuanto a la rueda de prensa de la Cancillería y la PGR, en modo alguno se atrevieron a enfocar la decisión y solicitud formal en sede de la ONU, todo porque ambos entes públicos no quieren forzar al Estado Dominicano a que tome el carril indicado por el organismo internacional. De ahí que todo devino en una deliberada evasión del punto nodal de la decisión de la ONU, que gira en la prisión arbitraria e innecesaria que mantiene al sujeto pasivo de la denuncia, sin exhibir peligro de fuga alguno”, indica el documento.
Rodríguez, imputado por supuesta corrupción durante su administración, ha reiterado que su proceso responde a una venganza y que sus derechos han sido violentados, por lo que presentó documentación ante la ONU que, a su juicio, evidencian la supuesta vulneración.
“Respecto a la obligatoriedad de las decisiones de la ONU, la Carta Magna (art. 26) y el art. 1 del Código Procesal Penal, disponen carácter de obligación del Gobierno de la República Dominicana de cumplir los convenios internacionales, con supremacía a nuestro ámbito interno, máxime que, por mandato constitucional, nuestras relaciones internacionales se fundamentan y rigen precisamente por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional”, añade.
Agrega que “al renegar dichos mandatos, deviene en inocultable hipocresía las inversiones en materia de Derechos Humanos que ha hecho este país en los últimos 3 años, que rondan aproximadamente en 600 millones de pesos en aras de cubrir salarios y gastos de misiones diplomáticas y viajes oficiales de funcionarios del gobierno a las sedes de la ONU, en Nueva York y en Suiza donde fue tomada esta decisión”.
Sostiene que “el odio y conducta talional desprendidos por la representante de la PGR en dicha rueda de prensa resultaron inocultables, neurálgico punto que logró identificar la ONU y que de nuevo le ha sido confirmado con este comportamiento (ver decisión, puntos 60 al 69), en cuanto a que dicha Procuradora Adjunta nunca debió participar en la investigación y acusación, por ser mandato de su propia Ley Orgánica, extensivo el mandato al grupito de adláteres que siempre le acompañan en esta triste jornada vengativa.”
