Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, afirmaron en su fallo absolutorio de los acusados de recibir sobornos por la compra de los aviones Super Tucano, como admitió la empresa brasileña Embraer estuvo motivado en la falta de pruebas en el expediente sometido por el Ministerio Público.
Indican que la decisión de declarar no culpables al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de Defensa y el coronel Carlos Piccini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), está basada en el expediente presentado por el Ministerio Público.
El pasado mes de mayo, las magistradas determinaron que no pudo demostrarse el pago de coimas para tales fines, “porque el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes contra los involucrados”.
Uno de los argumentos presentados fue que el compromiso de Peña Antonio y Carlos Piccini, aparentemente fue preparar el proyecto y presentarlo a Embraer como compañía idónea para la compra de los Super Tucano y de esta forma convencer a la autoridad pertinente de que esa era la más idónea.
Aseguran que, la persona a convencer era al presidente de la República de entonces, Leonel Fernández, “para la firma del contrato”, pero que quien tenía la facultad legal de presentar el proyecto al mandatario era el ministro de Defensa.
Refieren que Peña Antonio se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, “por lo que jerárquicamente hablando, al que le correspondía presentarlo a su comandante en jefe era al Secretario de las Fuerzas Armadas de entonces”.
Asimismo, establecen que conforme a la Constitución, luego de que el presidente manifestará interés en la compra, Peña Antonio, necesitaba la voluntad del Congreso para que aprobara la decisión del presidente de comprar los aviones Super Tucano.
“La posición que ocupaba Peña Antonio para el 2007, cuando se firmó el contrato, era de menor jerarquía en la línea de atribución y no se ha presentado prueba de si a pesar de esto, él tenía contactos de influencia en el Poder Ejecutivo y en el Congreso”, precisan.
Subrayaron que ese aspecto llevó al tribunal a determinar que Peña Antonio tuviera el poder de incidir en la toma de decisión del presidente y de los legisladores, “para así agenciarse la confianza de Embraer en entregarle 3.5 millones de dólares”.
En el caso de Carlos Piccini, establecieron que si bien se presentaron ciertos indicios, la prueba resultó insuficiente para aquilatarlos, con fuerza suficiente “para convertirla en prueba plena que pueda enervar su presunción de inocencia, ya que no se pudo demostrar su intermediación como Business Group, S.A. y Magycorp, S.A”.
