El Ministerio Público solicitó al tribunal de Atención Permanente de Santiago prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre al que vinculan a una de las redes intervenidas mediante la Operación Halcón IV, puesta en marcha en varios puntos del país.
El procesado es Roberto Álvarez Joaquín, de 42 años, señalado como uno de los principales líderes del microtráfico.
Durante su arresto en el sector La Joya, de la ciudad Corazón, las autoridades le ocuparon un arma de fuego con su cargador y varias cápsulas para la misma, varias porciones de un polvo que se presume pueda ser cocaína, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y un chaleco antibalas.
Su detención se produjo el pasado fin de semana durante un operativo conjunto entre la fiscalía de Santiago, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional en varios puntos de la ciudad.
Durante esas intervenciones también fue arrestado en Camboya Julio Alberto Rojas Aybar (Kuki).
A alias Kuki le ocuparon varias porciones de una sustancia en polvo que se cree pueda ser cocaína, otras de un vegetal que se presume es marihuana, dinero en efectivo en pesos y dólares, y pastillas que podrían ser de la conocida droga éxtasis.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, advirtió que el Ministerio Público y los organismos de seguridad del Estado continuarán en las calles para prevenir y perseguir el delito, así como detener y someter al escrutinio judicial a los integrantes de las organizaciones criminales que insisten en su actividad delictiva, «poniendo en riesgo la seguridad pública y la tranquilidad en los barrios de Santiago«.
Operación Halcón IV
Durante los primeros operativos de la Operación Halcón IV fueron apresadas tres personas, a quienes el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, José Rafael de Asís Burgos, mandó a prisión por 18, 12 y 9 meses a Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divaris Cruz Valerio y Charle Wilson Mosquea Ovalles (Charly), respectivamente.
El operativo fue puesto en marcha con la intención de perseguir a los miembros de dos organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado con fuertes tentáculos en la región del Cibao.
Le atribuyen la amenaza de matar al hijo de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y decenas de muertes en pueblos de la región Norte del país.
