Quito, 17 feb (EFE).- El Parlamento de Ecuador aprobó este jueves la legislación que regulará el aborto por violación en el país, decisión que requirió dos votaciones y que no termina de satisfacer a grupos de mujeres porque consideran reducido el plazo que da para interrumpir el embarazo.
Esta ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.
«Este día, la Asamblea ha dado una nueva muestra de la responsabilidad y transparencia cumpliendo la labor delegada por sus mandantes», expresó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.
APROBADO EN SEGUNDA VOTACIÓN
La norma obtuvo 75 votos a favor, cinco más de los 70 requeridos para que saliera adelante el proyecto de ley, que fue sometido en enero a un segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en base a un informe de mayoría, y tras haber superado un primer debate en diciembre pasado.
La resolución adoptada a primera hora de la tarde siguió a una primera votación en la que el denominado Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, no logró alcanzar los votos necesarios al quedarse con 66 afirmativos, 44 negativos y 27 abstenciones, de los 133 legisladores presentes.
Sin embargo, la ponente del proyecto, Johanna Moreira, del partido Izquierda Democrática, solicitó una reconsideración, que fue aceptada, y tras un receso se llevó a cabo la segunda y definitiva votación que da luz verde a la legislación.
La asambleísta comentó que «la normativa se ajusta a la realidad del pueblo ecuatoriano y de las víctimas de violencia sexual».
Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por un médico que deberá practicar los exámenes correspondientes para determinar si la solicitante está dentro del margen estipulado por la ley para abortar.
En Ecuador, el aborto estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de discapacitadas, hasta que fue despenalizado por violación en abril del año pasado por la Corte Constitucional.
SABOR AGRIDULCE
A las puertas de la sede parlamentaria José Ignacio Gómez, director de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, una organización de inspiración católica antiabortista, manifestó a Efe que hay «una gran mayoría que rechaza cualquier tipo de aborto» en el país y como ejemplo citó las más de 150.000 firmas presentadas ante el presidente, Guillermo Lasso, de rechazo a la medida.
Por su parte, entre las activistas que se dieron cita frente al Parlamento, Ana Cristina Vera dijo que entre las organizaciones de mujeres cunde una sensación «agridulce» y censuró «la incapacidad de la Asamblea de generar una ley justa y reparadora que garantice los derechos humanos de mujeres, niñas y personas gestantes».
Vera consideró «inconstitucional» el plazo para interrumpir la gestación y adelantó que, en caso de que el presidente haga caso omiso al alto tribunal, las organizaciones recurrirán a instancias internacionales.
Entre los carteles que enarbolaban las participantes en una convocatoria a favor del aborto por violación figuraban mensajes como el de «Paty tiene 11 años y necesita una cesárea urgente tras un embarazo producto de violación, los médicos dicen que su cuerpo es muy pequeño y podría morir en el proceso».
ÚLTIMA PALABRA DEL PRESIDENTE
La promulgación de la norma quedará en manos del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tiene 30 días de plazo para publicarla en el registro oficial o para vetarla íntegra o parcialmente en caso de que no estuviese de acuerdo con el contenido del texto.
El mandatario ecuatoriano expresó el mes pasado que, si bien no conocía los términos del proyecto de ley definitivo que será entregado al Ejecutivo, tenía intenciones de vetarlo de manera parcial o total, «todo depende de cuál es el texto final de la Asamblea Nacional».
Cuando se conoció el dictamen de la Constitucional el año pasado, Lasso, quien ha expresado en numerosas ocasiones su «defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte», dijo que respetaba la decisión de los magistrados dado su talante republicano.
Sin embargo, advirtió que «si ese proyecto de ley excede el mandato de la Corte Constitucional será vetado por el Ejecutivo».
