Una de las principales irregularidades señaladas por el Ministerio Público en el Caso Operación Cobra es la contratación de empresas sin vocación ni capacidad sanitaria para operar como prestadoras de servicios de salud dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El expediente indica que varias entidades fueron incorporadas al sistema pese a no cumplir con los criterios mínimos de habilitación técnica, infraestructura o trayectoria en el sector. Estas compañías fueron utilizadas como vehículos para canalizar pagos millonarios y simular operaciones de provisión de suplementos nutricionales y programas para adultos mayores, pero sin evidencia de que ofrecieran servicios reales a los afiliados.
La empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL es presentada por el Ministerio Público como el ejemplo más contundente de esta práctica. Aunque registrada como prestadora, la acusación sostiene que OGSS no contaba con estructura sanitaria ni capacidad operativa. Su función principal habría sido servir como intermediaria financiera para desviar fondos de Senasa.
A través de OGSS se movieron RD$529 millones, que luego fueron distribuidos en sobornos y pagos a los miembros del entramado. La empresa, manejada por José Pablo Ortiz Giráldez, habría operado como un “centro de simulación” para dar apariencia de legalidad a transacciones que no correspondían a servicios de salud.
Nutrimed y su transformación acelerada
Otra compañía señalada es Nutrimed Marine Alvarado SRL, posteriormente renombrada Nutri-Med, Nutrición y Medicina SRL. Aunque tenía un perfil más cercano a la nutrición, el expediente indica que su transformación societaria, cambio de propietarios y habilitación como prestadora se realizaron de manera acelerada para insertarla en el esquema.
La empresa, que originalmente no operaba como proveedora formal del sistema de salud, recibió contratos millonarios para suministrar suplementos como Revidos y Sarcodyn, pese a que no existen estudios que certifiquen el impacto de esos programas en la salud de los afiliados.
Flavorheart Food Parts SRL
El documento también menciona a Flavorheart Food Parts SRL, vinculada a los mismos operadores. Esta compañía, dedicada a actividades comerciales ajenas al sector salud, habría sido incluida en la red mediante contratos que no guardaban relación con su objeto social.
Su incorporación refuerza, según el Ministerio Público, la tesis de que la red seleccionaba empresas con fines meramente transaccionales, no por su capacidad para prestar servicios a los afiliados del seguro estatal.
Contrataciones que violan la esencia de las prestadoras
El expediente dice que la participación de estas empresas contradice la normativa que regula la habilitación en el sistema de aseguramiento público. Se trató de una estructura que utilizó compañías sin naturaleza sanitaria para canalizar fondos públicos, firmar adendas sobre miles de afiliados y justificar desembolsos multimillonarios sin sustento técnico.
FUENTE: EL NUEVO DIARIO
