Uso de documentos falsos, maniobra de imputados en caso Calamar

Uso de documentos falsos, maniobra de imputados en caso Calamar

Por: Yadilis Guillen

Santo Domingo. – El entramado de la denomina por el Ministerio Público “Operación Calamar” en la que se encuentran involucrados exfuncionarios del gobierno ha sido calificado como un “desfalco al Estado sin precedentes” por la procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

De acuerdo al expediente de más de 2000 páginas, la organización criminal hacia uso de falsificación y de documentos fraudulentos que subrogaba los derechos reales de otras personas jurídicas para los terrenos expropiados que fueron declarados como utilidad pública para beneficio de la campaña interna de Gonzalo Castillo en 2019 como las elecciones presidenciales del 2020.

Además de lo mencionado anteriormente, otras de las maniobras era el uso de personas que no formaban parte del acuerdo suscrito con la Dirección General de Bienes Nacionales, a nombre de quienes sin mandato o poder de representación se procedía a otorgar cesiones de créditos a favor de algunos de los imputados.

Uno de ellos es el abogado Ángel Lockward, quien está siendo acusado por extraer fondos públicos del Estado. Cabe mencionar que en dicho proceso está comprometida su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.

El documento indica que Lockward se asoció con Alejandro Constanzo, Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros, quienes, junto a Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).

Para cometer los alegados actos ilícitos se hizo uso de testaferros y prestanombres quienes eran utilizados para recibir el dinero. El documento menciona a Joar Emil Ortiz Hernández, Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, hijos del imputado Ángel Lockward, entre otros.

“Agustín Mejía Ávila y Ángel Lockward, se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, ofertándole gestionar el pago irregular a través de la estructura criminal. En la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la estructura criminal del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, para lo cual utilizaron la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras”, menciona en el expediente el ministerio Público.

El documento Indica que a través de ellos recibieron RD$296,637,125.29, y a nombre de Agustín Mejía Ávila un total de RD$9,394,526.17, por hacer las negociaciones de los pagos y las cesiones de créditos ficticias a la estructura criminal. 

Cabe señalar que el entramado corrupto que operaba desde  el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Bienes Nacionales, utilizaban el mismo notario en la instrumentalización, tanto del acuerdo transaccional que sirve  de génesis del proceso de pago, como en los actos de cesiones de créditos, mediante los  cuales se garantizaba que los beneficiarios finales de los fondos públicos desembolsados  fueran parte de la estructura corrupta de los funcionarios que administraban y custodiaban los fondos entregados.

Parcelas identificadas y montos afectados

El documento presentado por el Ministerio Público destaca que las exportaciones de terrenos ascendieron a RD$31,147,053,422.15, incluidos en esto las áreas protegidas, simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.

Dichos terrenos fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional como: Higüey, específicamente dentro del ámbito comprendido del área protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamá); Santo Domingo Este, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón, Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo y Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.

 Hasta el momento por el caso se encuentran apresadas 20 personas y se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.

Asimismo, se recuerda que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo domingo, a las 9:00 de la mañana la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados, incluyendo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.