Por: Julio Peña
En República Dominicana se han desembolsado 95.7 millones de dólares para proyectos vinculados a generación eléctrica e infraestructura energética, según registros públicos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Aunque la cifra es modesta frente a inversiones de otros países de la región, su composición revela una estrategia definida: fortalecer la capacidad interna de generación en un sistema eléctrico insular que no puede apoyarse en interconexiones regionales para equilibrar su demanda.
De ese total, 83.7 millones de dólares corresponden al Proyecto Hidroeléctrico Palomino, mientras que 12 millones se destinaron al Plan de Expansión del Gasoducto Este, vinculado a la planta AES Andrés. El reparto muestra un enfoque dual: por un lado, se prioriza la generación renovable de base mediante grandes obras hidráulicas; por otro, se mantiene infraestructura asociada al gas natural, indispensable para garantizar estabilidad cuando la generación hídrica no es suficiente.
El caso de Palomino ilustra bien esta lógica. Las centrales hidroeléctricas aportan energía firme, electricidad disponible de manera continua y predecible, a diferencia de tecnologías dependientes del clima como la solar o la eólica. Con 80 megavatios de capacidad instalada sobre el río Yuna en la provincia Monseñor Nouel, la central reduce la exposición del país a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles. Garantizar energía asequible y sostenible, el núcleo del ODS 7, no es aquí solo un compromiso de política internacional, sino también una condición para el desarrollo de las comunidades donde estos proyectos se insertan.
La expansión del gasoducto Este responde a una necesidad de infraestructura concreta: mejorar la capacidad de transporte del combustible que alimenta la planta AES Andrés, operada por el sector privado y una de las principales generadoras del sistema eléctrico dominicano. No se trata de incorporar una nueva fuente de energía, sino de optimizar la infraestructura existente, garantizando que el gas llegue con mayor eficiencia a una instalación que opera como pieza clave de la matriz nacional.
Más allá de los megavatios, los proyectos energéticos en República Dominicana han tenido efectos concretos en el territorio. Los más de 40 mil beneficiarios y aproximadamente 70 nuevos empleos generados vinculados a estas obras representan hogares que han mejorado su calidad de vida. En términos ambientales, la central hidroeléctrica Palomino permite evitar la emisión de alrededor de 120 mil toneladas de CO₂ al año, al sustituir generación eléctrica basada en combustibles fósiles dentro del sistema eléctrico dominicano, según la documentación del proyecto registrada en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
La Presa de Montegrande merece atención especial. Su componente energético añadirá 13.6 megavatios al sistema eléctrico cuando entre en operación, pero el proyecto trasciende la generación de electricidad. La obra integra control hídrico, abastecimiento de agua y sistemas de riego que beneficiarán decenas de miles de hectáreas agrícolas en la cuenca baja del río Yaque del Sur, con un potencial estimado de más de 300,000 tareas bajo riego, según información del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) sobre el proyecto. En este tipo de infraestructura, el agua cumple varias funciones al mismo tiempo: produce energía, sostiene la producción agrícola y reduce riesgos asociados a sequías, inundaciones y otros eventos climáticos extremos. Esa combinación de generación eléctrica, gestión del agua y resiliencia territorial refleja un tipo de infraestructura estratégica para el desarrollo y la adaptación climática, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La construcción de estas obras también ha generado empleo directo durante años, movilizando cadenas de proveedores locales en las zonas de ejecución. El beneficio más duradero, sin embargo, es estructural: cada megavatio hidroeléctrico instalado reduce la dependencia del país de las importaciones de combustibles fósiles, cuyos precios internacionales han mostrado volatilidad en la última década.
Entender la estrategia energética dominicana requiere considerar su posición geográfica. A diferencia de los países centroamericanos, conectados por el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), la República Dominicana opera como un sistema completamente aislado. No puede importar electricidad de sus vecinos en momentos de escasez ni exportar excedentes cuando genera más de lo que consume. Esa condición insular obliga a mantener mayor capacidad de reserva dentro del propio territorio, lo que encarece el sistema, pero también hace más urgente la autosuficiencia energética.
La apuesta por la hidroelectricidad cobra sentido en ese contexto. Una vez construida la infraestructura, las centrales hidroeléctricas pueden aportar energía firme sin depender de combustibles importados. El sistema eléctrico dominicano, sin embargo, no se sostiene en una sola fuente. Conviven plantas térmicas que utilizan gas natural, carbón y derivados del petróleo, junto con proyectos hidroeléctricos y una presencia creciente de energía solar y eólica. Dentro de esa combinación, la hidroelectricidad cumple un papel particular como fuente de generación doméstica. En paralelo, la inversión asociada al gas natural no se orienta a levantar nueva generación, sino a mejorar la infraestructura de transporte y suministro de combustible para una planta ya existente, con el objetivo de hacer más eficiente y estable su operación dentro del sistema.
República Dominicana no es el único país de la región que ha recibido financiamiento multilateral de BCIE para proyectos energéticos. En Centroamérica y el Caribe, ese flujo de inversiones suma 1,788 megavatios de capacidad instalada en siete países, con una inversión total que supera los 2,424 millones de dólares. Cada país ha construido su propia estrategia, determinada por su geografía, sus recursos naturales y sus prioridades de política energética.
Gráfico 1. Fuente de generación Eléctrica (MW)
Fuente: Elaborado por el autor con datos de la Plataforma de Datos Abiertos BCIE.
Panamá concentra el mayor volumen de potencia con 624.6 MW, resultado de una combinación de gas natural, hidroeléctrica y eólica. Es también el caso más pragmático de la región: la mayor planta individual es una central de gas de 381 MW, concebida como puente hacia una matriz más limpia en un sistema de alta demanda. Honduras, con 275.7 MW en 13 proyectos, ha apostado por la diversificación tecnológica más amplia de la región: solar, eólica e hidroeléctrica conviven en una cartera que ha beneficiado a más de 8 millones de personas.
Nicaragua tomó un camino diferente. Con 60 MW de potencia instalada, el país priorizó la cobertura sobre la capacidad: más de 4,866 kilómetros de líneas eléctricas construidas y 414 mil hogares conectados en zonas rurales. Es el mayor esfuerzo de electrificación rural de la región y un avance concreto hacia el acceso universal a la energía. Costa Rica concentró su cartera en la hidroeléctrica de gran escala, con la Represa Reventazón como eje. El Salvador combina hidro, solar y geotérmica, aprovechando el potencial volcánico del país.
El impacto de estas inversiones trasciende la potencia instalada. En toda la región, los proyectos han impacto a más de 16.6 Millones de beneficiarios y se han construido más de 6,978 kilómetros de líneas de transmisión. Esa infraestructura es la columna vertebral sobre la que se sostiene cualquier expansión futura de la capacidad generadora, renovable o no.
En términos climáticos, la expansión de la generación renovable en la región también tiene implicaciones relevantes para la reducción de emisiones. La electricidad producida a partir de fuentes como la hidroeléctrica, la solar o la eólica sustituye generación basada en combustibles fósiles dentro de los sistemas eléctricos nacionales, lo que contribuye a disminuir la huella de carbono del sector energético. En República Dominicana, proyectos hidroeléctricos como Palomino forman parte de ese proceso de transición hacia una matriz eléctrica con menor intensidad de carbono, aun cuando su escala sea menor en comparación con la de otros países de la región.
La transición energética en esta parte del mundo no sigue un camino único. Cada país negocia entre sus recursos disponibles, sus compromisos climáticos, la estabilidad de su sistema y los costos que sus ciudadanos pueden asumir. República Dominicana, aislada eléctricamente, pero integrada financieramente a la región, ha elegido el agua como eje de esa negociación. Los datos muestran que esa elección ha tenido resultados concretos. Lo que los datos también revelan es el espacio que queda por recorrer: la energía solar y eólica, con amplio potencial en el territorio dominicano, no aparecen todavía en esta cartera de inversión.
En última instancia, el éxito de estas inversiones no se medirá únicamente en megavatios instalados o en el tamaño de los proyectos, sino en su capacidad para garantizar electricidad confiable, tarifas más estables y menor vulnerabilidad energética. Para un país insular, la energía no es solo un insumo económico: es un componente esencial de la seguridad y del bienestar de sus ciudadanos.
Para ver más información, las visualizaciones presentadas en este artículo forman parte de un tablero interactivo elaborado por el autor con datos abiertos del BCIE con el objetivo de resumir el impacto de los proyectos financiados.
Acceder al dashboard: https://lookerstudio.google.com/reporting/2b646ac5-14c5-4dd8-9f1d-47ab1a0c2f5d
