Santo Domingo. – El abogado Ángel Lockward, imputado en el caso de corrupción administrativa detectado en la operación Calamar era supuestamente el “líder jurídico” de la organización criminal que habría distraído casi RD$20 mil millones del Estado.
Así lo afirma la Procuraduría de Persecución de la Corrupción (Pepca) en el expediente de la acusación (2120 páginas).
En tanto el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, era el líder gubernamental, indica.
“A estos fines, como maniobra fraudulenta queda de manifiesto la prefabricación de los documentos empleados por la organización criminal, para conseguir la erogación de fondos, liderada dicha organización, en el ámbito jurídico por el imputado Ángel Lockward, y en el ámbito gubernamental por el ex ministro de Hacienda, Ángel Donald
Guerrero Ortiz”, se lee en el voluminoso documento.
De acuerdo a la Pepca, la oficina de abogados de Lockward jugó un papel estelar para legitimar los procesos de pagos por expropiaciones de terrenos fraudulentas, particularmente el área que ocupa el Aeropuerto Internacional de Las Américas (Aila).
De acuerdo al expediente, Lockward se benefició tanto a título personal como a través de la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., de más de RD$ 270 millones por el pago de los terrenos del Aila.
“La falsedad de escritura pública y uso de actos auténticos falseados se constituyó en una
de las maniobras fraudulentas empleadas de manera recurrente por el imputado Ángel Gilberto Lockward Mella y sus asociados para tramitar las determinaciones de herederos de los casos de expropiaciones que jurídicamente fueron gestados a través de él y su firma de abogados”, dicen los fiscales.
No es la primera vez
No es la primera vez en que Lockward, un abogado y dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano, ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Hipólito Mejía y embajador en Colombia designado por el expresidente Leonel Fernández, enfrenta acusaciones de corrupción pública.
En 2008 fue enviado a juicio de fondo junto a otros 37 acusados de un supuesto fraude millonario al Estado a través de los cupones para el subsidio del gas licuado de petróleo (GLP) durante su gestión como titular del Ministerio de Industria y Comercio.
