Por: Yassel Rosa
El caso que involucra al Seguro Nacional de Salud (SENASA) ha provocado una reacción nacional que va más allá de las cifras y los nombres que aparecen en los expedientes judiciales.
No se trata solamente de una investigación por supuestas irregularidades administrativas, sino de una herida profunda en la confianza de millones de dominicanos que dependen de estas instituciones para garantizar un derecho tan básico como la salud.
SENASA fue concebido como un pilar del sistema de protección social del Estado dominicano. Su misión de administrar recursos públicos para asegurar atención médica a una población que en muchos casos, no cuenta con alternativas privadas, es lo que produce este escándalo masivo y un impacto que trasciende el ámbito legal cayendo directamente en el plano moral y social.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso se originó tras detectar presuntas irregularidades en la gestión interna de la entidad. Sin embargo, no fue sino hasta el 7 de diciembre cuando las autoridades iniciaron los allanamientos y apresamientos de los implicados, el órgano persecutor sostiene que la estructura habría operado durante años mediante prácticas que hoy son objeto de investigación.
Aunque el debate público ha señalado cifras elevadas, el monto oficial señalado por las autoridades asciende a RD$15,900 millones, lo que ya de por sí resulta alarmante.
Es necesario enfatizar que, aunque se han impuesto prisiones preventivas y el caso fue declarado complejo, ninguno de los señalados ha sido condenado, por lo que la presunción de inocencia sigue siendo vigente.
Sin embargo, más allá del desenlace judicial, este caso obliga a una reflexión incómoda. La magnitud del presunto fraude y el tiempo durante el cual habría operado plantean preguntas profundas sobre los mecanismos del control del Estado y sobre la normalización de prácticas que terminan afectando directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La historia dominicana está marcada por luchas que no se limitaron a la conquista de un territorio, sino a la defensa de valores. Juan Pablo Duarte y los trinitarios sacrificaron seguridad, estabilidad, y en muchos casos, sus vidas, para que este pueblo dejará de estar sometido a poder externo y pudiera decidir su propio destino. Aquella lucha no fue solo por un territorio, sino por una ideología: una nación libre, justa y gobernada con principios.
Casi dos siglos después, la pregunta que surge es inevitable: ¿qué tan libres somos hoy? Casos como el escándalo de SENASA evidencian una realidad dolorosa: ya no estamos encadenados por potencias extranjeras, sino por redes de corrupción formadas por políticos, empresarios y funcionarios de nuestro propio país, que utilizan las instituciones públicas para beneficio personal, a costa de los derechos del pueblo.
Así mismo, la historia parece repetirse, Juan Bosch, uno de los presidentes más comprometidos con un proyecto democrático, honesto y socialmente justo, apenas duró siete meses en el poder antes de ser derrocado por un golpe de estado, mientras que los implicados en el presunto fraude SENASA tiene años jugando con la salud del pueblo.
El pecado de Bosch fue intentar gobernar con honestidad y transparencia, limitar abusos y colocar al ser humano por encima de los intereses económicos. Aquella imposición marcó un mensaje peligroso: en este país, gobernar con principios tiene un costo.
Hoy el caso SENASA vuelve a poner sobre la mesa una verdad molesta. Los fondos destinados a garantizar el derecho a la salud, habrían sido utilizados de manera irregular y no se trata solo de cifras millonarias, se trata de una supuesta traición directa a la confianza pública, a la salud del pueblo dominicano y a los ideales sobre los que se fundó la República.
Recordar a Duarte, los trinitarios y Juan Bosch no debe limitarse a fechas conmemorativas o discursos solemnes. Su legado implica cuestionar, denunciar y exigir. Porque la independencia no se pierde solo cuando se invade un país, sino también cuando se permite que la corrupción lo gobierne desde dentro.
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