Santo Domingo. – Cientos de planteles escolares tienen años en estado de abandono y paralizados en la República Dominicana representado una pérdida de recursos, un daño a la economía y la educación que afecta a millones de estudiantes.
En el año 2013, durante la gestión del ex presidente Danilo Medina, fue creado mediante el decreto No. 625-12 el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, con el objetivo de construir, reconstruir y rehabilitar 28,000 aulas en todo el país, en un periodo de cuatro años, con una inversión inicial de RD$10,000 millones.
Según el decreto, la responsabilidad de las edificaciones estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Las mismas estuvieron asignadas a ingenieros que ganaron en los sorteos para construcción de las primeras seis mil nuevas aulas, recibiendo un 20% como adelanto de unos RD$2,800 millones, todo esto dentro del programa de Edificaciones.
La mayoría de estas escuelas se encuentran hoy en día en terrenos no aptos, ya que al momento del sorteo no poseían presupuestos definidos, sino un presupuesto base, realizado a partir de un diseño modelo que no consideraba la topografía del terreno, suelo y la vulnerabilidad del área elegida.
Igualmente, estas propiedades están ocupadas por nacionales haitianos y con los equipos totalmente dañados.
Datos suministrados el pasado año por el hoy en día exministro de Educación, Roberto Fulcar y el de Obras Públicas, Deligne Ascención, detallan las irregularidades que encontraron en el Programa de Edificaciones.
Fulcar y Asecención destacaron que desde el inicio hasta el año 2021, el programa realizó alrededor de 1,933 contratos de construcción, de los cuales 1,682 son escuelas de diferentes niveles educativos y 251 estancias infantiles.
Asimismo, indicaron que 718 proyectos quedaron en ejecución o paralizados, equivalentes al 37% del total de obras adjudicadas mediante sorteos efectuados por el Ministerio de Educación. Solo 1,215 planteles fueron inaugurados.
Cabe resaltar que de las 1,215 obras inauguradas, solo 658 fueron pagadas y cerradas por un monto de 34.6 mil millones de pesos, superior en un 50% al monto originalmente contratado de RD$23.2 mil millones de pesos, lo que representa un descuido tanto en la parte financiera como técnica.
En ese sentido, expusieron que del total de 557 escuelas terminadas y no pagadas, hay 200 planteles en proceso de pago en la Dirección Financiera o en preparación de las Adendas correspondientes en la Dirección Jurídica del MOPC.
Otras 199 escuelas ya inauguradas se encuentran en proceso de fiscalización, revisión o corrección de los cierres de contratos correspondientes.
De estas escuelas terminadas, hay 293 contratos que superan en más de un 25% el monto originalmente contratadas.
Impresión del Gobierno actual
El presidente Luis Abinader informó que de la deuda heredada de la pasada gestión correspondientes a los planteles educativos concluidos, ya se han honrado 3,000 millones de pesos a esos contratistas.
El mandatario precisó que dicho proceso estuvo adulterado, por lo que es necesario realizar una revisión desde la parte administrativa, financiera y técnica.
De igual modo, indicó que no ve necesario iniciar el proceso de construcción de un sin número de escuelas al mismo tiempo, en lugar de terminarlas, pues consideró que el común denominador era dar un avance del presupuesto de la obra.
Añadió que en los primeros meses de mandato pudieron culminar una cierta cantidad de escuelas, pero que el 98% de las mismas poseían problemas legales, por lo que introdujo la Ley 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas.
Asimismo, el mandatario reveló que el Ministerio Público recibió informaciones sobre las irregularidades que presentan los planteles educativos.
“El Ministerio Público ha solicitado información sobre este proceso… la información la tiene el Ministerio Público desde hace algún tiempo y creo que está investigando”, dijo Abinader en una reunión con los medios de comunicación.
Indicó que 62 proyectos de construcción fueron otorgados sin contar con el requisito de tener un terreno y que en 42 de ellos se dieron adelantos de dinero, lo representaría una infracción.
Apuntó que de los 718 planteles inconclusos, 342 están con más del 20 % de construcción y en 268 de ellos sus fondos han sido reelaborados para concluirse por un monto de 9,000 millones de pesos. De ellos, 162 planteles están por encima de un 60 % de ejecución. Mientras que 376 están a menos de 20 % de construcción.
Ante esta situación y para poder liberar la retención con los contratistas, el gobierno gestionó la aprobación de una ley “antinudo legal”, la cual permitió establecer una renegociación con los asentadores y consumar las disposiciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría General.
Unión de Contratistas Colegiados del Minerd
Cecilio Comprés, presidente de la Unión de Contratistas Colegiados del Ministerio de Educación (Ucocomi) alega que las autoridades correspondientes han creado una red de difamación en contra de aquellos contratistas que no culminaron los recintos escolares.
“No es verdad que los contratistas no quieren reinsertarse a terminar su obra. Se ha desplegado una difamación en contra de los contratistas por parte de las autoridades”, indicó Comprés.
En esa misma línea, aseveró que muchos de los ingenieros que culminaron sus obras entre 2014-2017 aun no reciben su pago, por lo que alega que aquellas obras que no fueron terminadas se debió a falta de capital.
“Los contratistas hemos quedado sin capital para continuar los trabajos, pero es por las deudas que estaban pendientes por un largo plazo y que Minerd no las pagaba, deudas que muchas datan desde el 2019 y las cuales están siendo pagadas en el 2022”, Dijo el presidente de Ucocomi.
La entidad reclamó al Ministerio de Educación por retener el Impuesto del 1% de la Ley 6-86 del Fondo de Pensión Jubilación de los Trabajadores de la Construcción, en la que “le corresponde pagar es al propietario”.
“Si Minerd quiere que por proyecto en cada cubicación le paguemos en Fopetcons, entonces debe agregar el monto para poder hacer la retención. El Artículo 2 de la Ley es el otro 1% que le corresponde presentar directamente al Fopetcons por parte del contratista”.
Los Contratistas Colegiados afirman que no han tenido un acercamiento con el ministro, pero que durante administraciones anteriores solo recibían promesas.
