La nueva legislación exige el consentimiento explícito en las relaciones sexuales.
El Congreso de los Diputados de España aprobó definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que endurece las penas de los delitos de violencia sexual y recoge la necesidad de consentimiento explícito en las relaciones sexuales.
La nueva normativa, conocida como ley del ‘Solo sí es sí’, fue impulsada por el Ministerio de Igualdad después de una violación grupal ocurrida en 2018, que levantó la indignación en todo el país y provocó masivas manifestaciones de protesta.
El proyecto de ley fue aprobado con 205 votos a favor y 141 en contra y tres abstenciones, por lo que solo ha contado con el rechazo de la ultraderecha de Vox y del conservador Partido Popular. Un largo camino, que se inició hace dos años y medio cuando el anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros.
«El consentimiento solo se reconoce cuando una persona lo ha demostrado libremente mediante actos que, en el contexto de las circunstancias del caso, expresan claramente la voluntad de la persona», dice el texto aprobado.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que autodescribe como feminista, prometió que reformaría la ley para eliminar la ambigüedad en los casos de violación cuando asumió el cargo, a mitad de 2018. Ahora, la norma que acaba de ver la luz verde definitiva, además de abordar el consentimiento en las relaciones sexuales, introduce otras novedades.
Así, se endurecen las sanciones en los casos de acoso callejero, refuerza la protección y atención a las víctimas de violencia sexual y amplía la educación afectivo-sexual en los centros educativos.
Además, se prohíbe la difusión de imágenes íntimas, un fenómeno conocido como ‘pornovenganza’ que ha aumentado en los últimos tiempos.
En resumen, considera la violencia sexual como una forma más de violencia machista, calificativo que la legislación tenía hasta ahora reservado tan solo para aquellos delitos en el que agresor y víctima tenían un vínculo sentimental.
En el país se considera que se producen anualmente alrededor de 400.000 actos de violencia sexual al año (no todos ellos constitutivos de delito), según una investigación de la Universidad de Barcelona, encargada por el Ministerio del Interior, que se conoció el pasado diciembre. El 25 % de las víctimas serían menores de edad.
Según ese mismo estudio, entre las víctimas adultas el 85 % son mujeres, mientras que el 96 % de los perpetradores son hombres.
De acuerdo al macroestudio, «el 31 % de los actos de violencia sexual, graves y sobre mujeres adultas que acuden a urgencias médicas por la agresión, se dan bajo los efectos de la sumisión química», es decir, cuando el agresor utiliza sustancias tóxicas para anular la voluntad de la víctima.
